El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes (18.09.2023) que su Gobierno tiene todas las grabaciones de las conversaciones privadas del cártel Guerreros Unidos relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y está a favor de difundirlas.

"Vamos a ver porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como el debido pretexto para no dar información, para ocultar información”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano se refirió así a la información publicada por el periódico Milenio, que reveló la intención del Departamento de Justicia de Estados Unidos de integrar las conversaciones obtenidas de Blackberrys a la carpeta de investigación sobre el trasiego de drogas que realizaba este grupo. Esto como parte del proceso abierto que lleva ese país contra Adán Zenén Casarrubias Salgado, alias el Tomatito, líder de la organización Guerreros Unidos.

López Obrador declaró además que su Gobierno tiene "desde hace tiempo” toda la información sobre las grabaciones con las que cuenta Estados Unidos sobre el caso, pues las solicitó desde hace dos años a la vicepresidenta, Kamala Harris.

"Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión”, argumentó. Y reiteró que "si no hay problema con los padres, claro que se dan a conocer todas".

López Obrador señaló que todo esto se informará a las familias de los jóvenes en su próxima reunión, que podría ser este 19 o 20 de septiembre. Sin embargo, destacó que las grabaciones han servido para "fundar denuncias” contra presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes y "se han utilizado en el juicio”.

Militares impiden protesta de familias de desaparecidos

En tanto, militares del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, sur del país, impidieron este lunes -con gases lacrimógenos- que familiares de los 43 estudiantes se manifestaran en el exterior de las instalaciones militares.

Como parte de sus actividades programadas esta semana, ante la cercanía del noveno aniversario de la desaparición, las familias e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) intentaron llevar a cabo un mitin afuera de la sede militar.

Los grupos manifestantes llegaron en más de 20 autobuses a esas instalaciones del Ejército mexicano, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de acuerdo con los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), e iniciaron sus actividades.

Al frente de la protesta estaban los padres y madres con imágenes de sus hijos desaparecidos y, cuando la palabra fue tomada por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, desde el interior de la sede militar salió la primera bomba de gas tóxico.

El hecho dispersó la protesta pues los militares arrojaron más bombas de gas lacrimógeno. En respuesta los normalistas lanzaron bombas de fabricación casera y le prendieron fuego a un vehículo de carga. La refriega se extendió por varios minutos lo que detuvo el tráfico en las vialidades cercanas y provocó que personas de negocios cercanos y transeúntes se resguardaran del ambiente tóxico que generó el gas.

El pasado jueves 14 de septiembre en Chilpancingo los grupos estudiantiles también fueron disuadidos con gases lacrimógenos en su protesta frente a un batallón militar, y el gas con el que fueron dispersados intoxicó al alumnado de una escuela primaria y un jardín infantil.

La polémica por Ayotzinapa crece porque queda un año para que López Obrador cumpla su promesa de resolver el caso durante su Gobierno, que concluyó en 2022 que fue un "crimen de Estado" en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Ejecutivo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

ama (efe, el economista, la jornada)