¿Que es más ominoso? ¿Un sistema criminal que cambia de rostro para perpetuarse? ¿O millones de ciudadanos que han perdido su capacidad de indignación y asumen los abusos como un destino inexorable? A 21 días de que se lleve a cabo la primera consulta popular de revocación de mandato en la historia de México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está presuntamente implicado en una trama de supuestas extorsiones, amenazas y tráfico de influencias.

Según la denuncia pública hecha el 19 de marzo por Julio Scherer, exconsejero jurídico de la presidencia, a través de una carta publicada en el semanario Proceso, AMLO tuvo conocimiento directo de diversos actos ilícitos presuntamente cometidos por la exsecretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero (2018-2021)- quien ahora es senadora del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional- y el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Pero AMLO no habría presentado las denuncias penales correspondientes ni contra Sánchez Cordero ni contra el Fiscal, como estaba obligado. De acuerdo al Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales Código Penal Nacional, el presidente habría incurrido en hipótesis criminales como encubrimiento y coalición de servidores públicos.

AMLO no ha negado los hechos

En estricto sentido, por los hechos denunciados, el presidente tendría que ser investigado y, en su caso, juzgado y retirado del cargo, independientemente de los resultados de la consulta popular de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril. Pero, contrario a la ley y a cualquier país que se digne de ser democrático y legal, en México no pasa nada. Lo que sería un cisma nacional, es un carnaval. Cuarenta y ocho horas después de las denuncias, el presidente no negó los hechos, solo dijo que no le ocupan ni preocupan.

Con el ánimo de indolencia que lo caracteriza, apareció sonriente con la primera dama, Beatriz Gutiérrez, inaugurando un nuevo aeropuerto, acompañados del gabinete y de la cúpula militar, incluyendo el defenestrado general Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de narcotráfico.

La "mafia en el poder"

El exconsejero jurídico hijo del prestigiado periodista Julio Scherer García, fundador del semanario Proceso, hizo pública una misiva donde afirma que es "Tiempo de hablar”. Su contenido no solo es un testimonio en defensa propia, ya que él mismo ha sido señalado por actos de corrupción,  sino que es una confesión de parte, donde revela prácticas ilegales del presidente en funciones e integrantes de la llamada Cuarta Transformación, ocurridas entre 2019 y 2021. El cuadro que pinta uno de los hombres más cercanos a AMLO es el de un Gobierno compuesto por funcionarios públicos que no respetan la ley y que utilizan métodos mafiosos para beneficiarse o beneficiar a particulares. 

Cuando López Obrador buscó durante años llegar a la presidencia, prometió combatir a la "mafia en el poder”, refiriéndose a los regímenes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Hoy la "mafia en el poder” la encabeza él mismo y su equipo más cercano. Scherer describe al Fiscal Alejandro Gertz Manero como un sujeto incontrolable, iracundo y extorsionador. Lo acusa de haberle pedido alterar la Justicia y mover sus influencias para perjudicar a la familia política de su hermano Federico Gertz Manero, a la que el Fiscal acusa de haber causado la muerte por negligencia.  "Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal”, refiere el exconsejero jurídico.

Tras su negativa, Scherer afirma que el Fiscal lo amenazó. "Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”,  dice Scherer en su carta. Ya en esta columna me he referido al litigio entre el Fiscal y su familia política. Desde hace seis años, acusa a Laura Morán, pareja de su hermano, y a su hija Alejandra Cuevas, de supuesta negligencia en la atención de Federico, lo cual, según el Fiscal, habría provocado su muerte. Y he explicado que el pleito podría ser motivado no por la muerte de su hermano sino por una misteriosa cuenta bancaria de casi 8 millones de dólares abierta en Panamá de la que Laura y su familia tuvieron conocimiento  de manera accidental y de la que se desconoce el origen y propiedad del dinero. 

Luchar la corrupción con ilegalidades

El que fuera el abogado de la presidencia de la República acusa también que tres de los casos emblemáticos de lucha contra la corrupción del Gobierno de López Obrador se habrían gestado en medio de ilegalidades. Se refirió a los casos judiciales contra el abogado Juan Collado, cercano a los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Collado fue arrestado en 2019, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El caso de lavado de dinero y delincuencia en la cooperativa Cruz Azul, por parte de su directiva, encabezada por Guillermo Alvarez Cuevas, y otros miembros acusados de un desfalco de 1,600 millones de pesos y contra quienes fueron giradas ordenes de aprehensión en el 2020.  Y el caso de la socialité y conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, acusados en 2021 de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El exconsejero jurídico denunció que Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de gobernación, quiso negociar un acuerdo benéfico para Collado. Es decir, intento intervenir en el caso judicial de un particular, como si la SEGOB fuera una oficina de coyotaje y no el despacho responsable de la gobernabilidad interior del país. Scherer  acusó que Sánchez Cordero y el Fiscal se unieron en su contra y que extorsionaron a Collado. Según su versiónm le ofrecieron su libertad a cambio de acusar al consejero jurídico de ilícitos.

En el caso Cruz Azul y el  Gómez Mont – Puga, en la carta se asegura que el Fiscal aplicó la misma fórmula y ofreció a los acusados negociar su libertad a cambio de que estos declararan contra Scherer. Los hechos descritos por Scherer y no desmentidos por el presidente implican que Sánchez Cordero y el Fiscal cometieron actos que son tipificados como delitos por varias leyes vigentes en México, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.

La complicidad de AMLO

Según el exconsejero jurídico, muchos de esos hechos ilegales fueron del conocimiento del presidente López Obrador. Él mismo le habría notificado algunos de ellos, pero, hasta donde se sabe, el mandatario no presentó las denuncias correspondientes, a lo cual estaba obligado según las leyes vigentes. Al no denunciar el presidente de México, se convirtió en cómplice.

Si hubiera un mínimo de democracia y legalidad en México, la senadora Sánchez Cordero tendría que ser desaforada por el Senado de la República, en el que Morena y sus aliados tienen la mayoría. Y el Fiscal Gertz Manero debería ser removido de inmediato, ya sea por el propio presidente de la República o por el Senado, bajo la máxima elemental de que, quien actúa fuera de la ley, no puede ser quien la imparta.

Debería ser nombrado un nuevo Fiscal, claramente independiente, quien debe abrir una investigación a AMLO y, en su caso, procesarlo y sancionarlo, independientemente de los resultados de la consulta popular de revocación de mandato que se llevará a cabo el 10 de abril.

Eso debería suceder, pero pareciera que AMLO y su gobierno son inmunes.

El ominoso muro de goma

En 2018, millones de mexicanos dieron su voto de confianza a AMLO y Morena para llegar a la presidencia. En pago, la violencia, el crimen, la impunidad, la pobreza y el cinismo de las autoridades siguen siendo el pan de cada día para los ciudadanos. Miles siguen abandonando sus comunidades huyendo de la violencia, hay toques de queda en diversas poblaciones, se multiplican las balaceras a plena luz del día, incluyendo en la Ciudad de México. Los muertos y desaparecidos no cesan.

Para colmo, los programas sociales prometidos para combatir la pobreza se ejecutan de manera ineficaz y con claros indicios de malversación de fondos públicos, de acuerdo a los informes de la Auditoría Superior de la Federación. La ecuación provoca el matemático resultado de que la pobreza crezca. Las víctimas de la ineficacia y el dolo del gobierno somos todos, pero parece que muchos no se dan cuenta, como si la enfermedad de la indiferencia fuera colectiva.

Los hechos denunciados por Scherer dan claves para entender por qué nada ha cambiado.  La 4T,  en vez de combatir al sistema criminal que ha imperado en México en las últimas décadas, se ha asimilado a él, y con la credibilidad con la que nació este gobierno, lo ha inmunizado.

Antes de la llegada del actual régimen, gracias al esfuerzo de organizaciones civiles, luchadores sociales y del periodismo independiente, en la sociedad quedaba algún anticuerpo, algún sentido de colectividad y capacidad de indignación. Hoy los grupos sociales que pueden hacer contrapeso, conformados en su mayoría por víctimas del sistema criminal son atacados y descalificados por AMLO y su gobierno, incluyendo a los grupos feministas. De esta forma los aísla, margina e impide su conectividad.

La "mafia en el poder” está protegida por un muro de goma que repele cualquier cuestionamiento manteniéndose inamovible, inconmovible, unida y fuerte como nunca. Mientras, la cotidianidad de la injusticia y la corrupción parece haber sometido y endurecido a los ciudadanos, obligándolos a la resignación.

Que nadie se equivoque, no era antes, sino ahora, cuando la "mafia en el poder” y el sistema criminal están obteniendo su mayor victoria. Pero ¿qué es más ominoso? ¿Un sistema criminal que cambia de rostro para perpetuarse? ¿O millones de ciudadanos que han perdido su capacidad de indignación y asumen los abusos como un destino inexorable? (ms)