Amnistía Internacional responsabilizó al Gobierno de Daniel Ortega de implementar y mantener una estrategia de represión "en ocasiones intencionalmente letal", durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, que entró en su día 42 y deja al menos 83 muertos según datos de ese organismo.

"Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta", indicó Amnistía Internacional en un informe presentado este martes (29.05.2018) en Managua.

Con base en la documentación obtenida, Amnistía Internacional considera que "no solo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales".

El estudio, bajo el título "Disparar a matar" fue realizado en Nicaragua por una misión de Amnistía Internacional entre el 4 y el 13 de mayo pasados "para investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos".

Uso de grupos parapoliciales

En el estudio se cifra en 51 las muertes registradas en 24 días en 6 ciudades de Nicaragua, pero la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dio este martes en una rueda de prensa la cifra actualizada de 83 casos documentados de fallecidos.

Dentro de la estrategia de represión, la organización humanitaria internacional señaló el discurso de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, la estigmatización pública por parte del Gobierno de los manifestantes, o la utilización de grupos parapoliciales.

"La aquiescencia estatal con la que actúan estos grupos se manifiesta en el hecho de que la mayoría de los ataques se comete por particulares en presencia de la fuerza pública o en coordinación con ellos, y en el hecho de que la Policía no persigue su actividad delictiva sino que permite su huida y dispersión", indicó.

También denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de policía y antimotines, la ejecución extrajudicial de personas, los actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación, la denegación de la atención médica en los hospitales o los intentos de control de la prensa.

Demandas en materia de derechos fundamentales

Amnistía realizó diversas recomendaciones al presidente Ortega como la garantía y el respeto al derecho a la libertad de expresión y la manifestación pública y pacífica, la implementación de medidas que detengan el uso de la fuerza, asegurar que la policía se abstenga de realizar actos de intimidación, hostigamiento y represalias, o la detención del discurso estigmatizador y criminalizador.

La organización solicitó también al Ministerio Público investigar de manera pronta, imparcial e independiente los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, la debida diligencia en el levantamiento de evidencia o la participación de las víctimas y las familias en las diligencias de investigación. Asimismo, pidió a las autoridades judiciales la independencia e imparcialidad de los jueces, y al Estado de Nicaragua cumplir con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EAL (efe, dpa)

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