Amnistía Internacional (AI) exigió este jueves (23.08.2018) al Gobierno español que detenga las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos, al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".

La organización hizo esta petición al Ministerio del Interior después de que España haya devuelto este jueves a Marruecos a los 116 inmigrantes que saltaron el miércoles la valla de Ceuta y que han sido retornados en autobuses tras aplicarles expedientes de expulsión, en virtud de un acuerdo entre ambos países con respecto a la readmisión de personas extranjeras.

Tras esta "operación insólita", el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, señaló en una nota que debido a la celeridad con la que se ha llevado a cabo la devolución, "difícilmente" se les ha podido garantizar a las personas migrantes el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías.

Por tanto, tampoco han podido contar con una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como con una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados (menas) o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI.

Amnistía se ha sumado a la denuncia hecha por el Defensor del Pueblo en la que recordaba que es necesario que los procedimientos se lleven a cabo con las debidas garantías para evitar "comportamientos de la Administración inmunes al control judicial".

¿Expulsión ilegal?

La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio "plantea serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas", ha asegurado Amnistía.

Además, ha considerado que en virtud del Acuerdo por el que se han efectuado las expulsiones, estas personas deberán ser enviadas a su estado de origen o al estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí.

Esta práctica, ha asegurado Beltrán, conlleva el riesgo de que estas personas, por tanto, "sean expulsadas de manera ilegal, vulnerándose así el principio de no devolución" previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Ley de Extranjería, "por el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Marruecos, países de origen, o en los países donde hubieran comenzado su viaje".

Por todo ello, AI ha instado de nuevo al Gobierno español a "detener inmediatamente" la práctica de expulsar de manera exprés a Marruecos a personas de terceros países y a suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Esa suspensión también debe incluir, a juicio de Amnistía, el acuerdo de readmisión existente entre ambos países, hasta que se incluya salvaguardas de derechos humanos.

pana (efe)
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