Amnistía Internacional (AI) denunció una "ola de asesinatos" de indígenas en Colombia y manifestó sus dudas sobre la eficacia en la implementación del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC suscribieron en noviembre pasado.

"El asesinato de seis indígenas en la última semana genera serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el Gobierno para avanzar en el proceso de paz", indicó el organismo en un comunicado, en el que detalló los homicidios de los nativos. 

Según AI, los asesinatos ocurridos en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca se dieron en comunidades "históricamente expuestas al conflicto armado".

Los tres departamentos están ubicados sobre la costa pacífica colombiana, una zona en la que tienen presencia guerrilla, paramilitares y bandas criminales que usan esa salida al océano para traficar drogas. 

Comunicado

Según la organización publicó en su sitio web: "El 19 de abril, el líder del Cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, al suroeste de Colombia, fue asesinado cuando salía de una reunión de su comunidad y un sicario le disparó en repetidas ocasiones. Gerson Acosta contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección por las amenazas que había recibido por su trabajo como defensor de DDHH y líder de Víctimas. Pocos días antes, el 16 de abril, los indígenas Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá fueron asesinados en el departamento de Nariño. Por otro lado, en el departamento del Chocó fueron reportados los asesinatos de los hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, indígenas Wounan, secuestrados el pasado domingo 16 de abril en el litoral de San Juan y hallados sin vida el 20 de abril"

Asimismo, el organismo defensor de derechos humanos consideró que dichos crímenes "dejan en relieve uno de los principales retos de la implementación del proceso de paz, el de proteger las comunidades que viven en algunas de las zonas que más han sufrido el conflicto".

El mes pasado, Naciones Unidas, organismo que actúa como observador y verificador del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), manifestó su preocupación por el incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas liberadas por la guerrilla.

Un poco más de 6.800 miembros de las FARC están desde el mes pasado concentrados en 26 zonas específicas listos para iniciar el desarme paulatino que deberá terminar antes del próximo 1 de junio. 

DG (dpa, Amnistía Internacional)