El estado de los derechos humanos en el mundo deja tanto que desear, que a veces cuesta creer que la amplia red de organizaciones no gubernamentales dedicadas a monitorearlo haya contribuido a frenar el abuso de poder y desenredar la complicada madeja de circunstancias que propician la violación de esos derechos. Pero basta echar una mirada al informe de Amnistía Internacional de hace veinte años para percatarse de lo mucho que han cambiado las cosas y del valor que el activismo tiene, hoy más que nunca.

“Hace dos décadas no existía la noción de una justicia de alcance internacional, ni mucho menos la esperanza de poder llevar a juicio a un ex jefe de Estado o de Gobierno por los delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad que se le atribuyeran”, comentó David Díaz, director adjunto para Europa de Amnistía Internacional (AI), tras la presentación en Londres del Informe 2010 de Amnistía Internacional: El estado de los derechos humanos en el mundo este jueves (27.5.2010).

Europa no es el paraíso

El informe está plagado de malas noticias provenientes de 159 países y ni Latinoamérica ni el Caribe salen bien libradas en ese sondeo: las fuerzas de seguridad han cometido centenares de asesinatos en países como Brasil, Jamaica, Colombia y México; la violencia intrafamiliar contra las mujeres –hechos que van desde los abusos sexuales hasta el asesinato– ha ido en aumento en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Jamaica; y hasta la alta tasa de mortalidad de las mujeres durante el parto en países como Perú y Nicaragua ha sido descrita por AI como consecuencia de una discriminación por género profundamente arraigada que no debe ser trivializada.

El Viejo Continente tampoco es un paraíso. “Hemos notado un incremento en la discriminación de los inmigrantes en Europa: se trata de casos que van desde la criminalización de aquellos que han entrado al país sin documentos que regularicen su permanencia en el mismo, como ocurre en Italia, hasta la negación de los servicios más básicos –acceso al sistema sanitario, al educativo y al de vivienda­– que se ha constatado en Alemania, donde se obliga a los funcionarios del Estado a denunciar a un inmigrante con estatus de permanencia irregular cuando se topen con uno”, explicó Díaz.

Alemania también está en la mira

“En Alemania también observamos con preocupación la misma tendencia a la islamofobia que ya se ha registrado de manera marcada en otros países; pero sobre todo nos inquieta la oposición del gobierno alemán a la directiva de la Unión Europea (UE) contra la discriminación. Su negativa a adoptar esa directiva tiene un efecto directo sobre los otros países de la UE e inhibe a las personas, tengan el estatus que tengan, de acercarse a las instituciones del Estado para pedirles protección efectiva”, señaló el directivo de AI.

“El informe 2010 también registra los ataques perpetrados contra las comunidades gitanas propiciados por discursos políticos populistas y altamente irresponsables, articulados por las propias autoridades en diversos países de Europa Central y del Este”, añadió Díaz, aclarando, sin embargo, que en los últimos meses también ha habido progresos.

El trabajo de años da frutos

“A lo largo de los años, la denuncia constante de la violación de los derechos humanos ha permitido que haya avances. En 2009, en América Latina se reabrieron investigaciones sobre crímenes protegidos por leyes de amnistía y se dictaron fallos importantes relacionados con antiguos mandatarios, como la condena del ex presidente de Perú Alberto Fujimori por crímenes contra la humanidad y la del último presidente militar de Argentina, Reynaldo Bignone, por los delitos de secuestro y tortura, por ejemplo”, contó Díaz, citando sucesos que hace un par de decenios habrían sido inimaginables.

“Entre el arresto de Augusto Pinochet en 1998 y la creación de la Corte Penal Internacional en 2002 hay una serie de éxitos concretos, resultados que la gente puede ver. Y es importante resaltar que lo logrado no es producto del trabajo aislado de AI; nuestro grupo trabaja con una red de organizaciones de base y personas en todo el mundo que defienden a diario la idea de justicia global”, agregó Díaz, aludiendo a uno de los frutos agridulces del activismo en derechos humanos: el proyecto no del todo consumado del tribunal global.

El sabotaje de los poderosos

Desde la fundación de la Corte Penal Internacional, cada vez más gobernantes acusados de crímenes de guerra pueden contar con que se les abrirán juicios para que asuman sus responsabilidades. Sin embargo, los gobiernos poderosos y ciertas coaliciones políticas están bloqueando el ejercicio de la justicia global al invertir los recursos a su disposición para actuar por encima de la ley, proteger a sus aliados frente a las críticas o abstenerse de apoyar medidas legítimas y razonables cuando éstas no les convienen.

Como muestra, un botón… o dos: así como Estados Unidos y algunos países de la UE protegieron a Israel con sus votos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que no tuviera que dar cuenta por sus actuaciones en la Franja de Gaza, un grupo predominantemente integrado por países africanos y asiáticos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dejó que se examinaran las acciones de Israel, pero no las de la organización Hamás. Ambos casos están documentados en el Informe Goldstone.

La justicia, un reto global

AI le ha pedido a todos los gobiernos que aseguren la rendición de cuentas por sus propias acciones, sobre todo a Estados como los del G-20, que reclaman el liderazgo global y, según esta organización, deben saber que semejante posición viene acompañada de responsabilidades como la de servir de ejemplo en la escena mundial. AI continúa insistiendo en que los siete miembros del G-20 que no han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –Arabia Saudita, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia y Turquía– se decidan a hacerlo y a garantizar que los crímenes de derecho internacional puedan ser enjuiciados en cualquier lugar del mundo.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editor: Pablo Kummetz