Un juez boliviano dispuso este sábado (02.10.2021) ampliar por otros cinco meses la prisión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis de 2019.

Carolina Ribera, la hija de Áñez, informó en sus redes sociales que el juez Armando Zeballos amplió la detención preventiva de su madre por otros cinco meses con una resolución emitida "sin evidencias", "sin pruebas" y sin "ningún tipo de criterio jurídico".

Ribera también denunció que al visitar a su madre en prisión la encontró "en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición".

"Seis meses de una prisión política injusta y el juez la sigue condenando en base a suposiciones fiscales, sin ninguna prueba. Si muere Jeanine Añez, hago responsable al Gobierno y la Justicia", agregó la joven.

Autoridades minimizan problemas de salud

La nueva disposición judicial se tomó en una audiencia telemática reanudada en esta jornada tras una suspensión en la víspera por una descompensación sufrida por la exmandataria.

El viernes, Áñez tomó la palabra en la audiencia para leer una declaración en la que denunció que padece de anorexia nerviosa, que es "víctima de violencia y tortura psicológica" y que recibe hostigamiento dentro del penal donde cumple su detención preventiva desde marzo pasado por la investigación del caso denominado "golpe de Estado".

La exmandataria interina sufrió una indisposición en medio de la audiencia, por lo que se suspendió hasta esta jornada.

La Dirección de Régimen Penitenciario señaló en un comunicado que Áñez recibió atención médica ante la "leve descompensación que impidió la continuidad de su defensa" y aseguró que se encuentra "estable".

Áñez está en prisión desde hace más de medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto "golpe de Estado" de 2019.

La defensa de Áñez solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su estado de salud, mientras que el Gobierno de Luis Arce demandó que esa petición se declare "inadmisible".

jc (efe, Página Siete, La Razón)