Un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores venezolanos presentó un recurso judicial para anular la resolución que permite a las fuerzas armadas el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.

"Exigimos a la Sala Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre este recurso ya que la vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo por culpa de esta resolución totalmente nefasta, mortal que tiene en vilo a toda la ciudadanía", dijo el consejero estudiantil de la Universidad Central de Venezuela Francisco Mateus.

El recurso contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa venezolano, que sigue a otro con el mismo fin interpuesto el 3 de febrero por la oposición política, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia dos días después de la muerte de un adolescente de 14 años en una protesta por un disparo hecho supuestamente por un policía que fue detenido el mismo día e imputado.

"No vamos a permitir que la FANB (Fuerza Armada) actúe en contra de sus ciudadanos", añadió Mateus, rodeado de decenas de estudiantes, profesores y representantes del Colegio de Abogados de Caracas.

Según el dirigente estudiantil Jesús Bracamonte, la Constitución venezolana "ha sido flagrantemente violada con esta resolución, que es una licencia para matar".

La resolución 8610 aprobada en gaceta oficial hace unas semanas regula la actuación de la FANB en el control de manifestaciones y protestas y la autoriza, cuando la situación lo requiera, a emplear el "método del uso de la fuerza potencialmente mortal" durante las manifestaciones.

Petición sin respuesta

El defensor del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, aseguró hoy que la resolución no guarda relación con la muerte del adolescente Kluivert Roa, ya que esta regula la actuación de las FANB y no de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado de ser el autor de su muerte.

"En este caso, quien actuó fue la PNB (...) lo que ocurrió fue que un policía de manera indebida, de manera criminal, mató a un menor de edad, eso no tiene que ver con ninguna resolución", recalcó Saab.

En la misma jornada, miembros de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acudieron también a la sede del Supremo venezolano para insistir en un recurso de nulidad contra la misma resolución presentado el pasado 3 de febrero y del que aún no ha recibido respuesta.

"Hasta la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta y en virtud de eso lamentablemente, lastimosamente, dolorosamente hoy ya la resolución 8610 puede decirse que ha cobrado su primer fallecido", dijo a los periodistas la diputada opositora Delsa Solorzano.

La muerte del adolescente "obliga al TSJ a tomar una decisión en lo inmediato en cuanto a este recurso", añadió.

Un grupo de estudiantes exigió el miércoles la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo al que pertenece el acusado por la muerte del joven.

El policía responsable de la muerte de Roa fue detenido e imputado por el delito de homicidio intencional calificado.

Los obispos venezolanos pidieron hoy a las autoridades del país que no empleen métodos o armamentos "contrarios a la legalidad" en alusión a la muerte de un adolescente por un disparo presuntamente hecho por un policía ya detenido.

"Pedimos encarecidamente a las autoridades civiles, militares y policiales que no empleen ni métodos ni armamentos contrarios a la legalidad y a la dignidad de los seres humanos", dice un comunicado firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, la ciudad donde murió el menor, y respaldado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

EL(dpa, El Universal)