Una nueva carambola jurídica vuelve a cambiar el destino del expresidente de Brasil. Un tribunal de Río de Janeiro anuló hoy (18.03.2016) la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva como ministro en el Ejecutivo de Dilma Rousseff. Esa decisión permite a Lula volver a ejercer su cargo de ministro.

Lula fue nombrado ministro de Presidencia el pasado miércoles, un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores. La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.

Demandas de los opositores

En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidenta, Dilma Rousseff, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un

comunicado. Además, el magistrado Fride consideró que "no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político" y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa".

La Abogacía General de la Unión solicitó hoy al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro. Entre otros argumentos, la oposición considera que el nombramiento es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes. Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro, al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.

MS (efe/rtrla/Folha de S. Paulo)