Hace algo más de un año, Colombia fue escenario de protestas masivas. El detonante inmediato de aquel estallido social fue un intento de reforma tributaria, impulsado por el Gobierno de Iván Duque. Ahora, está sobre la mesa un nuevo proyecto, esta vez presentado por el nuevo presidente, Gustavo Petro, que ganó las elecciones con promesas de cambio y mayor justicia social.

La pobreza afecta a cerca de un 39 por ciento de los colombianos. Para combatirla, se necesitan recursos, en un país con un déficit fiscal estimado del 5,6 por ciento del PIB para este año. De ahí, que una de las primeras medidas del Ejecutivo fuera llevar al Congreso esta reforma tributaria, que ya se está debatiendo. Y, en esta oportunidad, no hay todavía mayor resistencia en las calles, sino principalmente en algunos ámbitos empresariales. Sectores de oposición están convocando desde ya una marcha nacional de protesta para el 26 de septiembre.

"La reforma gira en torno a un punto esencial, que es aumentar la carga tributaria para las personas más ricas y para las personas que han sido tradicionalmente privilegiadas en términos de su tratamiento tributario", dice a DW el economista Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Explica que "se busca que contribuyan más las personas que ganan más de 10 salarios mínimos, que representan alrededor del 2 por ciento de los hogares colombianos". Una de las novedades es que el aumento impositivo afectará no solo a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.325 dólares), sino también a quienes reciban pensiones por encima de ese monto. Además, se contempla un impuesto al patrimonio de personas naturales que tengan más de 3.000 millones de pesos (unos 700.000 dólares).

Los reparos empresariales

En lo tocante a las empresas, se apunta a eliminar diversos beneficios tributarios. Y eso preocupa a los afectados. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, dijo a la prensa que "nos concentramos en tratar de entender las propuestas que ha habido hasta ahora, cuáles son las consecuencias, qué pasa con la tasa efectiva de tributación, qué pasa con la tasa combinada de compañías y socios, porque eso nos puede afectar fuertemente la inversión".

A juicio de Oliver Pardo, la preocupación por el impacto en la inversión es legítima, porque en el país hay una gran concentración de patrimonio e ingresos en una minoría. Y "las decisiones de inversión de estas personas tienen mucha influencia, por ejemplo, sobre el mercado bursátil colombiano".

El académico hace notar que ahora "cada gremio está tratando de defender sus beneficios y privilegios tributarios"; pero, "desgraciadamente, no se ponen de acuerdo en que habría sido mejor tratar de reducir las tarifas de impuestos de todas las empresas, que son demasiado altas para Colombia".

Impuesto "saludable"

La reforma contempla también la aplicación de un impuesto especial a los sectores de petróleo, carbón y oro, y un tributo de carácter ambiental, conocido como "impuesto al carbono". Además, está previsto un gravamen a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, que ya muchos denominan "impuesto saludable".

Aunque esta última medida ha sido aplaudida por quienes esperan una reducción del consumo de productos que perjudican la salud, hay también presión en contra, sobre todo de parte de la industria azucarera. Hasta qué punto eso podría traducirse en protestas callejeras es todavía una incógnita.

En opinión de Oliver Pardo, de todos modos, no será fácil que la reforma se apruebe en su forma actual. Además, estima que la propuesta no abarca todo lo que sería conveniente. "En Colombia, solamente el 12,5 por ciento de las personas económicamente activas declara renta. Y solamente el 6,5 por ciento paga algún tipo de impuestos", dice. Por eso, considera necesario "aumentar la base de declarantes. Desafortunadamente, el Gobierno se comprometió no tocar a nadie que gane menos de 10 salarios mínimos".

Timidez gubernamental

Igualmente, Pardo lamenta que no se contemple reducir la subvención a la gasolina a nivel nacional. "En Colombia, pagamos la gasolina a la mitad de lo que deberíamos. El Gobierno fue muy tímido y lo único que intentó hacer fue reducir el subsidio para zonas de frontera, que es aún más grande que para el resto del país. Me imagino que tuvo que retractarse por presiones políticas, pero para Colombia es indispensable reducir el subsidio a la gasolina, en el que se gasta más plata que la que se planea recaudar con esta reforma tributaria", indica.

El Gobierno espera aumentar las recaudaciones en unos 5.500 millones de dólares, para el año 2023. Una suma similar a la que proponía la reforma de Duque, que causó el estallido social en 2021, por la perspectiva de un aumento del IVA, que habría afectado a los alimentos de la canasta básica. Algo que no contempla la reforma de Gustavo Petro.

(rml)