Hace menos de dos años, Cristina Fernández de Kirchner felicitaba a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) por su contribución al abastecimiento de petróleo y gas en Argentina. Este lunes (16.04.2012), la presidenta del país sudamericano daba a conocer que la empresa, mayoritariamente en manos de la española Repsol, se colocaba bajo la órbita del Estado. La compañía no ha realizado las inversiones necesarias y no garantiza el suministro como espera la Casa Rosada. “Que quede claro”, puntualizó Kirchner, "el modelo no es de estatalización, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. YPF no será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado”, declaró la presidenta.

Autoabastecimiento energético

"YPF nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares anuales", se quejó Kirchner. Si el Gobierno argentino permite a la petrolera continuar con una política que califica de “no producción”, argumentó la mandataria, Argentina se volverá “invisible”. “Y eso por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el tercer país en el mundo, luego de China y EEUU, en tener gas”, prosiguió.

En consecuencia, Kirchner enviará al Parlamento el proyecto de ley del que tanto se ha especulado últimamente. Éste declarará de interés público la explotación de hidrocarburos y servirá así para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la mayor energética argentina, que hasta ahora eran propiedad de la española Repsol. El objetivo final, explicó la presidenta, es alcanzar el autoabastecimiento energético. "Somos el único país de Latinoamérica y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales", sostuvo.

Por procedimiento de urgencia a Estrasburgo

También desde el otro lado del Atlántico se venía contestando a los planes argentinos. España defenderá en todo momento los intereses de sus empresas en el extranjero, repetía una y otra vez el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo. Este lunes declaraba que el anuncio de Kirchner “es una pésima decisión para España, para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios”, además de que“rompe el clima de cordialidad y amistad" entre ambos países. La decisión argentina “es hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española, y por tanto contra España y el Gobierno de España", sostuvo el ministro de Industria español, José Manuel Soria.

Las relaciones diplomáticas podrían quedar en suspenso, si España materializa sus amenazas previas. “Las medidas no se anuncian, se adoptan”, había respondido la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría a los periodistas que le preguntaban qué se proponía hacer concretamente Madrid en caso de que Buenos Aires diera el paso que entonces se rumoreaba y ahora se ha hecho realidad. Aparte de airear su indignación, el Ejecutivo español ha llevado el asunto por procedimiento de urgencia a Estrasburgo, lo que cabe dudar que impresione a Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner ya recibió una llamada de advertencia del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sin que ésta surtiera a todas luces efecto. Así, YPF -entre la privatización y el control público- se convierte, como tantas otras veces en su historia, en motivo de discordia.