Con esta ley, aprobada en la medianoche de este miércoles por la Cámara de Diputados (Cámara Baja) con 130 votos a favor y 107 en contra, el Gobierno perdonará a los evasores a cambio de la adquisición de los títulos públicos, en momentos en que escasea la divisa extranjera en el país.

La iniciativa, que contaba ya con media sanción del Senado (Cámara Alta), autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado "Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)", cuya recaudación se destinará a la petrolera estatal YPF o a proyectos de hidrocarburos. Este bono cotizará en el mercado de capitales, vencerá en 2016, otorgará un rendimiento del 4 por ciento de interés anual.

El título se complementará con otro instrumento garantizado por el Banco Central para canalizar inversiones en el alicaído mercado inmobiliario local, perjudicado por controles de cambio y una pérdida de la confianza de los inversores: "el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico", en valor dólar. Además, se habilita al Banco Central a poner en circulación el "Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)", en dólares y endosable, "como un medio para la cancelación de obligaciones" en la referida moneda extranjera. Los dólares invertidos en certificados destinados a financiar operaciones inmobiliarias quedarán como reservas del banco central hasta su repago, explicaron las autoridades.

"Shock de inversión"

El presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Roberto Feletti, aseguró que el objetivo es "lograr un shock de inversión" en el sector energético, la construcción y el inmobiliario. Feletti le reclamó a la oposición que, en vez de criticar, diga "cómo piensa financiar al país", en el que las reservas del Banco Central cayeron alrededor de un 10 por ciento en lo que va del año ante la debilidad de la economía local.

Al rechazar las críticas al blanqueo, el kirchnerista apuntó que "en ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero" y explicó que "el único beneficio que se otorga" a quienes "exterioricen" capitales es la "exención impositiva", pero aclaró que una vez que los fondos ingresan al "circuito bancario formal, las instituciones financieras de Argentina tienen la obligación de aplicar íntegramente la normativa de lavado de dinero". El Gobierno estima que los argentinos atesoran cerca de 200.000 millones de dólares en el país y en el exterior, la mayor parte sin declarar.

"Blanqueo de capitales"

El vicepresidente de la misma comisión, el opositor Miguel Giubergia, recordó que es la "segunda vez" que durante el gobierno kirchnerista se trata "un proyecto de blanqueo de capitales" y dijo que el propuesto "es un chiste de mal gusto, para los argentinos que cumplimos y respetamos la ley". Asimismo, el ex jefe del Banco Central y actual legislador de la oposición, Alfonso Prat-Gay, alertó durante el debate de que "se le está otorgando un traje a medida a los evasores (...) porque es sólo para los que tienen dólares y no le pedimos nada a cambio".

La polémica iniciativa es impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el argumento de atraer inversiones y limitar las operaciones del mercado ilegal del dólar, donde la moneda norteamericana cerró este miércoles su cotización a 8,88 pesos contra los 5,29 del mercado oficial.

El gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras legislativas, por lo que no tuvo inconvenientes para que la medida se convierta en ley. Este es el segundo blanqueo de capitales que impulsa la jefa de Estado, luego del realizado en 2009 y que permitió ingresar unos 4.000 millones de dólares al sistema legal. Los oficialistas argumentan a favor de sumar capitales para ampliar el nivel de empleo de la economía y los opositores califican de "inmoral" la propuesta, a la vez que deslizan todo tipo de comentarios sobre blanqueos de dinero provenientes de "amigos del poder".

rml (dpa, reuters)