El asesinato de dos taxistas, un conductor de autobús y un empleado de una estación de servicio en tan solo una semana paralizó la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde se organizaron huelgas de transporte público y taxistas. Ante esta ola de violencia, que se atribuye a bandas dedicadas al narcotráfico, el Gobierno de Javier Milei dispuso el despliegue de 120 militares y equipos del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea en dicha ciudad.

Los últimos cuatro crímenes habrían sido una venganza por las imágenes de una prisión que difundió el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a principios de marzo. En estas se pueden ver a presos semidesnudos, maniatados y sentados en filas mirando hacia el suelo, mientras son custodiados por policías armados, al mismo estilo de las imágenes compartidas por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

"La situación en Rosario es terrible, están matando al azar a gente inocente como venganza contra las autoridades públicas, porque los líderes de sus bandas han sido encarcelados y aislados, además de que hay disputas entre estas por el control del tráfico de drogas”, explica a DW desde Buenos Aires el politólogo Federico Rossi. Si bien Rosario no es la única ciudad argentina con problemas de narcotráfico, es la única donde dichas bandas han logrado disputarse el control del territorio con el Estado, indica el experto.

Ubicación estratégica para el narcotráfico

Uno de los principales factores que hace a Rosario atractiva para el narcotráfico es que cuenta con uno de los principales puertos del país a orillas del río Paraná. Sin embargo, según Fernanda Page, de la Red de Politólogas, existen también otros factores relacionados con el rol del Estado, el cual ha fracasado con sus políticas en Rosario.

"Esta situación lleva muchos años. Hay un problema grande en la Policía de Rosario, que tiene lazos con quienes están cometiendo los delitos. Es decir, hay participación policial directa en las estructuras de los narcos”, asegura la politóloga argentina a DW. Además de la "incapacidad de las fuerzas federales policiales para regular a la Policía de ese territorio, porque, al ser Argentina un país federal, las provincias cuentan con sus propias fuerzas policiales”, agrega.

En la actualidad, según datos del propio gobierno de Santa Fe, Rosario tiene la tasa de homicidios más alta de toda Argentina. Mientras la cifra en todo el país es de 4,3 por cada 100 mil habitantes, en Rosario es cinco veces mayor: unos 22,1 por 100 mil habitantes.

La ayuda militar

El despliegue de efectivos y equipos militares anunciado por el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, contempla cinco helicópteros de la Fuerza Aérea para vigilar el territorio, que colaborarán con los aviones Hércules en el traslado de tropas, armamento y herramientas logísticas.

Por su parte, la Armada cooperará con un buque multipropósito y diversas lanchas tipo Guardián para asistir a la Prefectura en el patrullaje del río Paraná. A su vez, el Ejército puso a disposición 20 camionetas de Gendarmería.

Pero esta ayuda no significará ver a militares armados custodiando las calles de Rosario, porque, constitucionalmente, las fuerzas armadas en Argentina no pueden ayudar en tareas de seguridad interna. "Por ley, las fuerzas armadas no pueden intervenir en conflictos internos. A la vez, las fuerzas armadas no tienen deseo de intervenir en este tipo de prácticas. Por un lado, por lo que pasó en la dictadura y lo mal visto que sería que vuelvan a intervenir”, dice el académico Rossi. Esta no es la primera vez que un Gobierno requiere ayuda al Ejército:  "Durante la pandemia, en el Gobierno de Alberto Fernández también se lo pidieron y no quisieron”, recuerda. 

Temor por derechos humanos

A pesar de ello, distintas organizaciones han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener un apoyo militar para combatir las bandas. "La preocupación es coherente si se abre la puerta a una aplicación del estilo Bukele, en el que existe una violación de los derechos humanos, del debido proceso o de presunción de inocencia”, advierte Rossi.

"Por ahora, el Gobierno de Milei es democrático, aunque con muchas señales de querer quebrar consensos democráticos. Pero el problema con el narcotráfico podría ser la razón perfecta para justificar lo que, en el fondo, igualmente desearía hacer”, cree Rossi. En tanto, la politóloga Page cuenta que ya hay voces reclamando que las fuerzas armadas están subiendo a las unidades de transporte público en Rosario y requisando a los estudiantes: "Sobre todo a jóvenes varones les piden documentos e intimidan a los trabajadores”, señala.   

Por su parte, Susanne Käss, directora de la sede en Argentina de la fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana al partido conservador Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, sostiene que, mientras se alerta sobre posibles abusos de los militares, la gente en las calles lo ve distinto: "En la población hay mucha simpatía por que las fuerzas de seguridad combatan el crimen organizado”. Todo esto se debe también, subraya Käss, a que Argentina no era un país caracterizado por una gran inseguridad ciudadana o violencia.

Sin embargo, la situación actual del país no se asemeja, por ejemplo, a la de México, donde Käss también trabajó. "En México sí se intervino con el Ejército, pero, a largo plazo, eso tampoco funcionó. Rosario es una ciudad grande, pero no se compara con México, donde los cárteles tienen presencia en todo el país”.

De todas formas, insiste la politóloga alemana, "el problema en Rosario es grave, pero todavía hay posibilidades de combatirlo e intentar que no crezca y ocurra lo que está pasando en México, Colombia o Ecuador”.

(ms)