Todo un aparato represivo, cuyos actores no sólo eran militares, sino también civiles, es responsable del secuestro, tortura y asesinato de 30.000 personas, entre ellos, embarazadas y recién nacidos. La dictadura de la Junta militar ejerció, asimismo, la censura en todas las expresiones del arte, en la producción literaria, en el cine y en la música de Argentina. Decenas de miles de argentinos tuvieron que exiliarse para escapar de la muerte.

Los gobiernos democráticos, desde 1983 hasta la fecha, han promovido acciones tendientes a llevar al estrado a los responsables de la desaparición de 30.000 personas, del robo de bienes, de la creación de más de 600 campos de concentración y del perverso plan de apropiación de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, que fueron luego asesinadas. Los movimientos de derechos humanos y la sociedad civil, junto a artistas e intelectuales, han generado un amplio debate y una apertura que impulsaron la búsqueda de la verdad, y sin la cual hoy la justicia argentina no hubiera logrado un progreso semejante.

Toma de conciencia contra la impunidad

Ante la negativa de las autoridades a darles una respuesta, el 30 de abril de 1977 un grupo de madres de personas desaparecidas comenzó a marchar en silencio en la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno argentino, para reclamar por el paradero de sus hijos.

Los dictadores –y un sector de la sociedad argentina que negaba sus crímenes- las llamaron “locas”. Y su locura se contagió -por suerte- a otros. Fue así como nacieron las Madres de Plaza de Mayo, a quienes siguieron las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaban a sus nietos nacidos en cautiverio. En 1995 se les sumó el grupo H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia y contra el Olvido y el Silencio).

Además de exigir castigo a los culpables, los organismos de derechos humanos en Argentina trabajaron y trabajan para reconstruir la historia reciente de forma fidedigna y por la recuperación de la identidad en un sentido amplio, que incluye no sólo la restitución de hijos de desaparecidos a sus familias, sino también un extenso programa educativo integrado en la currícula de las escuelas, “para que niños y jóvenes tomen conciencia del pasado reciente de su país y para sensibilizarlos acerca de los valores democráticos y en contra de la pasividad ante cualquier intento de golpe de Estado”, señaló Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en conversación con Deutsche Welle. Además, la lucha por los derechos humanos abarca también la producción cultural, a partir de la cual compositores, cineastas y escritores aportan un espacio de reflexión y reconstrucción de la identidad.

Un largo recorrido

No bien se restableció la democracia, en 1983, el ya fallecido ex presidente Raúl Alfonsín ordenó la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), formada por un grupo de ciudadanos notables, cuyo informe “Nunca más” abrió las puertas, en 1985, al primer juicio a las tres Juntas militares. Alfonsín, se presume que presionado por la cúpula militar, aprobó más tarde, en 1986, sin embargo, las “Ley de Punto Final” y la “Ley de Obediencia Debida”, que, en realidad eran “Leyes de impunidad”, dejando en libertad a los culpables. “No hay Obediencia Debida sino Obediencia de Vida”, era un lema entre los activistas de derechos humanos en esa época.

En 1989-1990, los indultos del ex presidente Carlos Menem permitieron que siguieran en vigor dichas leyes, que “mantuvieron a la sociedad argentina viviendo en la impunidad durante 20 años”, dijo Estela Barnes de Carlotto. “Hay que recordar la convivencia de los ciudadanos con los asesinos, cosa que era un agravio a la democracia en construcción”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Otro hito importante en la búsqueda de los desaparecidos fue la creación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 1984, por iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, dirigido por el estadounidense Clyde Snow, que desarrolló nuevas técnicas de exhumación y reconocimiento de cadáveres en tumbas colectivas y de estudios de ADN que luego fueron aplicados en otros países de América Latina. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina tuvieron y tienen, asimismo, un rol clave en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Además, en 1984 se crea también el Banco Nacional de Datos Genéticos, “único en el mundo”, subraya Estela de Carlotto, que nace como idea de las Abuelas de Plaza de Mayo a fin de poder identificar a los nietos apropiados por los militares o entregados ilegalmente en adopción por medio del ‘Índice de Abuelidad'. Éste se obtiene por medio de un estudio inmunogenético y permite que el mapa genético quede registrado para futuros casos, aunque las abuelas ya hayan fallecido.

Sociedad civil, clave de la democracia argentina

Los éxitos actuales en Argentina en materia de Derechos Humanos se basan, según refirió el abogado penalista Wolfgang Kaleck a Deutsche Welle, en dos factores determinantes: “En primer lugar, en un fuerte movimiento de derechos humanos que partió de las Madres de Plaza de Mayo, y, en segundo lugar, en el uso estratégico que hicieron éstos de instancias políticas y jurídicas, no sólo locales, sino también internacionales, para denunciar los crímenes y lograr justicia”, explicó Wolfgang Kaleck, miembro de la Coalición contra la Impunidad, organización que trabaja por el esclarecimiento de desapariciones de ciudadanos alemanes y descendientes de alemanes durante la última dictadura argentina y del Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

Para Kaleck, las demandas continuas de los organismos argentinos de derechos humanos en el exterior, en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, y en tribunales europeos “hicieron que la presión en Argentina fuera constante”. Por un lado, la fuerza de las organizaciones de derechos humanos y, por el otro, la utilización de demandas transnacionales, resulta, dice el abogado, “en un caso ejemplar en todo sentido”. En Argentina se han abierto cientos de sumarios contra militares, policías y otros responsables de crímenes cometidos durante la dictadura, y en los últimos años se han logrado casi 200 condenas, entre otras, a ex altos cargos militares.

Desde el año 2003 hasta la fecha, con las gestiones del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y luego con la de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, los progresos en Argentina en cuanto al esclarecimiento de los crímenes y a la memoria han sido trascendentes. “Con Néstor y Cristina Kirchner, llegaron dos políticos al poder que retomaron el tema y lo llevaron adelante. Pero sin el impulso de las organizaciones de derechos humanos, tampoco los Kirchner hubieran podido actuar”, señaló Kaleck.

Trabajo de elaboración y reparación

“En cuanto a Abuelas”, dijo Estela de Carlotto, “de los 500 nietos que estimamos que han robado, hemos encontrado ya 105 nietos. Esos chicos ya son adultos y pueden vivir su verdadera historia, su identidad real. Pero faltan todavía casi 400 nietos, y esa es la deuda que queda pendiente”, explicó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El reconocimiento que se le da a Argentina en cuanto a la búsqueda de justicia para los crímenes de la dictadura se debe, según Estela de Carlotto, “al trabajo del pueblo junto al Estado para transformar cada centro clandestino de detención en un espacio de memoria, para legislar de modo que se termine con la impunidad, rechazando unas leyes que fueron declaradas inconstitucionales, para reparar económicamente a los nietos y a las víctimas en todo sentido, ya sea con viviendas o con subvenciones, todo eso representa un avance muy importante que algunos países de América Latina están recién comenzando a resolver, y con muchas dificultades debido a las políticas desarrolladas por el Estado.”

Derechos humanos y democracia: mucho por hacer

Para Wolfgang Kaleck, la elaboración jurídica de los crímenes de la dictadura argentina debe continuar en el nivel en que se encuentra actualmente, pero podría realizarse con mayor celeridad si se contara con más personal y salas en los tribunales. “Hay mejoras que están en manos de la clase política. Para acelerar los juicios, probablemente se deban cambiar las normas que rigen el orden procesal”, dijo Kaleck.

Por otra parte, se debe exigir que rindan cuentas también otros actores, civiles y económicos. “Por ejemplo, las dos empresas alemanas de las que nos hemos ocupado en la Coalición contra la impunidad. Una es Mercedes Benz, en la que desaparecieron 16 sindicalistas, y la otra es Azúcar Ledesma, en la provincia de Jujuy, donde también la empresa pactó con los militares. Ambas investigaciones siguen aún en una fase inicial, naturalmente debido a la toma de consideración política frente a estas empresas, que son muy poderosas”, subrayó el penalista.

También son materias pendientes las desapariciones en democracia, como la de Julio López (2006) y los casos de violencia policial, cuyas víctimas son, en su mayoría, jóvenes de estratos populares y minorías marginadas. En 1992 surgieron la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social (COFAVI), la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI), y la Unidad Familiar y Víctimas contra la impunidad (UFAVICI).Según la CORREPI, entre 1983 y 1997 se han denunciado cerca de 400 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.

Autora: Cristina Papaleo
Editora: Mirjam Gehrke