De nuevo citan a Cristina Fernández por cuadernos de coimas
6 de febrero de 2019
Gracias a “nuevos elementos”, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá comparecer en causa en la que está imputada como "jefa" de asociación ilícita montada para recibir sobornos de empresarios.
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Junto a la exmandataria, alrededor de 90 personas, entre exfuncionarios y empresarios, fueron citadas por el juez Claudio Bonadio, quien consideró que gracias a las declaraciones de varios imputados colaboradores tiene "nuevos elementos" para volver a llamar a la actual senadora (que cuenta con fueros parlamentarios) en la llamada causa de los "cuadernos de la corrupción".
Acusación de millonarios sobornos, ¿un disparate?
Fernández ya afirmó en agosto pasado que es un "disparate" que la acusen de haber recibido sobornos millonarios durante los Gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015. Asimismo, indicó que es víctima de una "maniobra persecutoria" en un escrito presentado ante el propio juez Bonadio.
El escándalo se destapó cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios de la obra pública y exfuncionarios, con base en los cuadernos que un chófer del ministerio de Planificación escribió durante una década.
En ellos, detalló cómo supuestamente trasladaba en su auto bolsas repletas de dólares para repartirlas supuestamente a miembros de los Ejecutivos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández. La defensa de la expresidenta calificó de "esperable" este nuevo llamado de Bonadio, a quien consideran "brazo armado del Gobierno" de Mauricio Macri en esta causa.
Primo de Macri, también deberá comparecer
Según la agencia estatal de noticias Télam, entre los demás llamados a declarar están el ya detenido exministro de Planificación, Julio de Vido, y otros exfuncionarios. También deberá declarar nuevamente el empresario Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente argentino, Mauricio Macri.
Una treintena de los imputados en la causa cambió su papel dentro de la misma al acogerse a la figura legal de "imputado colaborador", que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia y que fue instaurada con polémica durante el Ejecutivo de Macri para agilizar casos de corrupción.
A los testimonios de los colaboradores con la Justicia más recientes se acoge Bonadio para esta nueva ronda de citaciones, que comenzarán el próximo 20 de febrero.
jov (efe, diariofinaciero.cl)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.