Las suyas son batallas de gran envergadura que recuerdan a David contra Goliat. El magistrado español que logró detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 no ha perdido su fe en el triunfo de la verdad y sabe que el proceso contra él es una cuestión de poder, no lo califica como injusticia. “Injusticia es cuando un terremoto en Haití mata a cientos de miles de personas”, dice ilustrando su noción sobre el término.

Invitado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán, que preside el diputado del Partido de Los Verdes Tom Koenigs, el juez manifestó su deseo de que cuanto antes tenga lugar el juicio que defina su situación. Garzón trabaja como consultor externo para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional con sede en la Haya hasta diciembre, donde asesora y prepara investigaciones que afectan a varios países de América Latina.

“En el ámbito de los derechos humanos lo mejor es lo que queda por venir, pero en América Latina ha habido un gran avance en la lucha contra la impunidad. Todos los países desde el sur al norte han evolucionado en ese sentido, sobre todo Argentina que está dando un ejemplo al mundo entero, así es creo yo, como se debe afrontar la investigación de los crímenes contra la humanidad y genocidio”, dice Garzón en conversación con Deutsche Welle.

“Hay ejemplos negativos, como la situación en Honduras que es muy preocupante, eso implica que se debe estar muy al pendiente de lo que pase, porque hay el riesgo de que se estén violentando los derechos humanos de forma grave. Hay países como Colombia donde se está dando un gran esfuerzo, sobre todo a partir del cambio de gobierno, en el que se ve una mayor tranquilidad institucional a la hora de perseguir esos crímenes masivos. De modo que dentro de lo que cabe es una situación esperanzadora, pero todavía queda mucho camino”, dijo.

Principio de justicia penal internacional

Ante un nutrido auditorio en la sede de la fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, Garzón realizó una evaluación sobre los avances y retrocesos en materia penal con los que la justicia internacional ha respondido durante los últimos 70 años a crímenes de genocidio para asegurar que éstos no vuelvan a suceder.

El principio de justicia penal internacional, anclado en los sistemas jurídicos nacionales de algunos países, entre ellos España, permite a cualquier juez, en cualquier lugar del mundo, perseguir los crímenes de genocidio contra la humanidad. “Si algo justifica este principio es que es el último reducto contra la impunidad”, sentenció.

El juez explicó que se deja caminar a la justicia bajo este principio siempre y cuando no llegue a lugares sensibles de poder político. “Cuando la justicia se topa ante potencias como China, Estados Unidos o Israel, es cuando ya no pasa”, dijo Garzón y explicó que en España se investigaba el genocidio en Tibet de 1959, acontecimientos en la Franja de Gaza imputables a Israel y las detenciones en Guantámano, así como los vuelos secretos de la CIA.

El poder de las víctimas

Presumiblemente como resultado de la presión ejercida por dichas potencias, desde noviembre pasado en España hay una ley más restrictiva. Sin embargo el magistrado está convencido de que el principio de justicia universal sigue avanzando y gracias a la fuerza de las víctimas.

“La persistencia en el caso de Argentina y Chile de las víctimas durante tantos años hizo que las puertas de un juzgado en España, en este caso el mío, se abrieran y se comenzara sencillamente a creer en la justicia penal universal y se aplicaran los mismos criterios que si el delito hubiera sucedido en España”, dijo Garzón que decidió estudiar leyes a los 17 años con la firme ambición de convertirse en juez.

Mientras las estructuras del poder sean las mismas o sigan teniendo influencia en el poder en todos los países hay dificultades, explica Garzón, eso se ha visto en Chile, en Argentina y en Guatemala. “En España durante 70 años no se ha hablado sobre ningún tipo de investigación de crímenes del franquismo en el contexto de crímenes contra la humanidad”, dijo y explicó que no son crímenes cometidos durante la Guerra Civil, sino antes y después de ella, hasta 1951.

“Crímenes consistentes en la desaparición, detención, muerte, ejecuciones sumarias, torturas, etc”. El número de desaparecidos cifrado por las Asociaciones de la Memoria Histórica asciende a 152.000. “No se sabe dónde están sus cuerpos, si estarán en las cunetas de las carreteras, en los campos abiertos, en camposantos o en el valle de los caídos y no se permite a los familiares que retiren sus restos” dice.

Los niños perdidos del franquismo

Al explicar los antecedentes que llevaron a su suspensión, el magistrado recordó que en 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica -que no contó con los votos del Partido Popular-, pero se convirtió en la primera reivindicación ganada por las víctimas del franquismo. “La propia ley preveía que los familiares entablaran otras acciones y lo hicieron”, así fue como llegaron a su juzgado. El magistrado consultó las leyes internacionales, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la literatura generada por Naciones Unidas y el Consejo de Europa que desde 2005 urgía a investigar estos crímenes, sobre todo los que se conocen como “los niños perdidos del franquismo”.

Garzón subraya que hay datos para investigar la desaparición y adopción ilegal de alrededor de 30 mil niños hijos de madres republicanas que fueron presas, muertas, desaparecidas o sencillamente porque el nuevo régimen no consideraba a las familias adecuadas para educar a los nietos, sobrinos, hermanos o hijos.

El planteamiento del magistrado no fue aceptado por la mayoría del Tribunal de la Audiencia Nacional. “14 jueces dijeron que no era correcto, tres lo apoyaron y otros seis más en toda España dijeron que la línea de investigación era la correcta”. Fue así como la formación ultraderechista y principal responsable de la represión durante el franquismo, Falange Española de las JONS y el pseudosindicato Manos Limpias interpusieron una querella contra el célebre pero temido magistrado.

Hubo muchas intervenciones de un interesado público. El diputado Koenigs preguntó como era posible que España, un país tan moderno fuera en materia de justicia tan arcaico. “En España, en el momento de la transición la gran olvidada fue la justicia. Teníamos unas ganas enormes de entrar a Europa. Lo moderno era mirar hacia adelante, el pasado nos estorbaba, el franquismo en Europa tenía poca venta. Aquí había que decir que éramos ya los más demócratas, los más lanzados, los número uno en todo. Por tanto, quien se iba a plantear siquiera echar la vista atrás”, concluye.

Autora: Eva Usi

Editor: Pablo Kummetz