La huelga general de 24 horas en Argentina, este 9 de junio, convocada por el sindicalismo opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es la tercera de este año y paralizará el servicio de transporte público y la recolección y distribución en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en distintos puntos del país. Fue convocada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), y adhieren la Confederación General del Trabajo (CGT), liderada por el camionero Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca, del gastronómico Luis Barrionuevo, así como el ala opositora de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), del secretario general Pablo Micheli.

Estas centrales reclaman paritarias libres, en contra del techo máximo del 27 % de aumento del salario establecido por el Ejecutivo: piden un 35 por ciento de aumento para compensar los niveles de inflación, de acuerdo al gobierno, de un 23,9 por ciento, y según consultoras privadas, de un 38,5 por ciento. También demandan un piso más alto para el pago del impuesto a las ganancias, actualmente ubicado en 15.000 pesos (unos 1.664 dólares). La huelga de marzo tuvo un fuerte acatamiento. “Con la convocatoria de la CATT, se espera que esta huelga también tenga una alta adhesión”, dijo Roberto Walter Rojas, experto en Macroeconomía de la Universidad de Buenos Aires, en entrevista con DW.

Si bien el impuesto a las ganancias sufrió modificaciones, aún repercute en los salarios. Con ese gravamen el gobierno recauda 50.000 millones de pesos, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Rojas subraya que el impuesto recae solo sobre el 8 por ciento de los empleados, y que los trabajadores de los gremios opositores, “perciben los salarios más altos de la economía argentina”. Para él, “esta huelga tiene un sesgo político, ya que el impuesto a las ganancias es uno de los más progresivos: los que más ganan, pagan más”. Sin embargo, los gremios opositrores responsabilizan al gobierno y no lo aceptan. "La recaudación más grande que tienen en el estado son la que le sacan a los trabajadores", dijo Barrionuevo a Radio Mitre el 7 de junio de 2015.

"El paro sienta las bases de futuras negociaciones"

“Hay que tener en cuenta el momento en que se planifica esta huelga y que quienes la convocan pertenecen principalmente el arco opositor, conducido por Moyano y Barrionuevo”, dice, por su parte, María Soledad Gattoni, investigadora en Ciencias Sociales invitada por el Instituto ILAS GIGA, de Hamburgo, consultada por DW. El contexto de la huelga es crucial, añade la experta, ya que, a seis meses de finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el paro “no solo le está hablando al gobierno sino que también sienta las bases de las futuras negociaciones que tendrán que entablar los principales candidatos a presidente”.

La repercusión de esta huelga es importante también de cara a las elecciones primarias generales, en agosto, previas a las presidenciales de octubre, en medio de un clima político de polarización entre el candidato oficialista, Daniel Scioli, y el principal líder de la oposición, Mauricio Macri. “En este sentido, habrá que prestarle atención a los pronunciamientos de los futuros candidatos y sus planes respecto a la articulación con las diferentes alas y espectros del sindicalismo argentino”, subraya María Soledad Gattoni.

En cuanto a lo económico, se perderán ingresos fiscales de alrededor de 3.000 millones de pesos, y el impacto total de la huelga sobre la economía será de 11.000 millones de pesos (1.223.200.000 de dólares), estima Roberto Rojas. El nuevo gobierno queda condicionado, desde el punto de vista político, a una exigencia real de los sindicatos: que se quite el impuesto a las ganancias, algo fácil de prometer, pero difícil de cumplir. “Es por eso que el próximo gobierno argentino iniciará su período con la presión por estos tres paros consecutivos que convocaron las centrales sindicales opositoras”, concluye el economista.