"No hay plata”. Con este contundente mensaje quiso avisar el presidente de Argentina, Javier Milei, en su toma de posesión, sobre los recortes que afectarían al país en los próximos meses. Tras 100 días de mandato, los resultados de las medidas aplicadas son dispares y conciernen a prácticamente todos los sectores del Estado. La educación no es una excepción y las protestas de las últimas semanas son un reflejo del golpe para el sistema público y gratuito, advierten los expertos.

Duro panorama 

El 14 de marzo estuvo protagonizado por paros totales en las 57 universidades nacionales del país, que temen no poder funcionar más allá del mes de mayo debido a un presupuesto congelado. Ahora mismo, estas entidades públicas reciben el mismo cómputo que en 2023, mientras la inflación interanual se situó en el 254,2 por ciento. 

Lo mismo sucede con los gastos de funcionamiento, es decir, los pagos para seguridad, limpieza, materiales de laboratorio y equipamiento educativo, que también se encuentran congelados, explica a DW Anabella Lucardi, abogada y decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

En medio de las tensiones por la congelación de los presupuestos, y con el fin de contrarrestar el descontento en el ámbito universitario, el Ministerio de Capital Humano confirmó un aumento del 70 por ciento a la partida destinada a los gastos de funcionamiento. Estos representan un 5 por ciento aproximadamente del total del presupuesto universitario, respecto al 85 por ciento correspondiente a los salarios. 

Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), describe la situación como "preocupante” y apunta directamente a la poca atención que recibe la investigación: "Este Gobierno directamente no la considera, buscan llevarla a la mínima expresión”, dice en conversación con DW. 

Para María Elena Martín, investigadora en la Universidad Nacional de Misiones, "el Gobierno busca instalar una demonización de todo lo público, incluyendo a las universidades y a todo el sistema científico", indica a DW.

Por el lado contrario, Marcelo Elizondo, consultor y analista económico, sostiene que lo que está pasando es "algo duro, pero necesario" y recalca que el foco debería ponerse en mejorar la eficiencia de las universidades argentinas. "Asignan muy mal sus recursos, precisamente porque tienen dinero garantizado", dice a DW, y abre la puerta a que puedan cobrar por la matrícula, además de generar sus propios recursos más allá del Gobierno.

Profesionales y alumnos peor parados

El recorte a los fondos destinados a las universidades ha reducido salarios, ya que los recortes presupuestarios impactan directamente en los sueldos de los docentes, "lo que ha generado desánimo, fuga de talentos y dificultades para atraer nuevos profesionales”, explica a DW Nelson Cardozo, investigador de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Con la inflación todavía alta y con un aumento del salario docente de menos del 10 por ciento, Cardozo sostiene que se está profundizando en el aumento del pluriempleo y la caída de la calidad del trabajo de los docentes universitarios.

En el plano educativo, se ha limitado la cantidad de asignaturas por estudiante y no se han abierto inscripciones a determinadas carreras. En el terreno de la investigación, se han paralizado proyectos en curso o directamente no se han creado convocatorias para nuevos.

"Las consecuencias para todo el sistema universitario serán nefastas y, si no se revierten, será muy difícil el funcionamiento", indica María Elena Martín, investigadora también en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires.  

Desde la UNQ abogan por una "concientización", es decir, "que toda la comunidad sepa, que en este poco tiempo nos han llevado a un ahogamiento presupuestario por el cual podemos llegar a terminar cerrando o llevarnos a la mínima expresión”, sostiene Alfonso.

¿Un arancel a la educación?

La todavía vigente Ley de Educación Superior Nº 24.521 establece que tanto estudiantes argentinos como extranjeros puedan realizar estudios de forma gratuita. El nuevo Ejecutivo, no obstante, a través de la conocida popularmente como "Ley Ómnibus”, pretende que los estudiantes que no cuenten con residencia permanente en Argentina estén sujetos a un arancel, que podrían establecer los mismos centros educativos.

La cuestión de la gratuidad de la enseñanza superior en Argentina es una tradición en el país desde 1949, aunque los pilares del modelo actual se basan en la reforma de 1918.

En conversación con DW, Fabiana Machiavelli, profesora de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sostiene que la gratuidad no debería estar a debate, pues "la universidad, además de la formación específica según la carrera, tiene también un componente de formación cívica y de convivencia democrática”, recalca.

¿Trabas para estudiantes extranjeros?

Según los últimos datos, publicados por el entonces Ministerio de Educación, el sistema universitario público argentino registró en 2021 unos 2.065.115 estudiantes. La presencia de extranjeros fue 88.601 personas, es decir, de un 4,1 por ciento, con un porcentaje que llega al 9,2 por ciento en ofertas de posgrado y del 3,7 por ciento en estudios de grado. La gran mayoría de esos extranjeros -más del 95 por ciento -provienen de países de la región, como Perú, Brasily Paraguay.

"Si quisieran arancelarse los estudios para esta población, el impacto no sería significativo en términos presupuestarios, pero sí en el plano simbólico", señala Lucardi. "Argentina es un país hospitalario y de puertas abiertas a quienes quieran habitarlo y estudiar aquí. Cualquier restricción al respecto generaría un daño a este ideario constitucional", añade. 

Según la clasificación QS Latin America University Rankings para este 2024, un total de 12 universidades argentinas se encuentran en el top 100 de mejores centros educativos en Latinoamérica. Destaca la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en los puestos 9 y 21 respectivamente.

(ms)