"Creemos que es necesario un marco legal multilateral para la reestructuración ordenada, eficiente y a tiempo de las deudas soberanas", señaló Héctor Marcos Timermanen, ministro de Exteriores argentino, en una conferencia sobre el proceso de desendeudamiento argentino, organizada por la embajada de este país en la capital belga.

"Es necesario llenar el vacío legal y poner freno a los fondos buitre", añadió el canciller argentino, al tiempo que dijo que de no hacerlo los acreedores privados de un país nunca aceptarían una quita si les saliese mejor negarse y acudir a los tribunales, y si además resulta tan fácil que el cobro de la deuda por parte de los que sí acepten quede bloqueado por una sentencia.

Fallos en contra de Argentina

Argentina se declaró en suspensión de pagos en 2002 y tras dos procesos de reestructuración de su deuda, el 92,4 % de sus acreedores privados aceptaron quitas de entre el 25 % y el 65 %, pero varios fondos de inversión especulativos compraron los títulos de los bonistas que no aceptaron el descuento y reclamaron ante los tribunales el pago de una deuda millonaria.

El juez de Nueva York Thomas Griesa se ha pronunciado ya en dos ocasiones a favor de estos fondos y en contra de Argentina, y mientras que el país no abone estos pagos millonarios tampoco podrá seguir pagando al 92,4 % de los acreedores que aceptaron los canjes de deuda entre 2005 y 2010.

"Los fallos de las cortes de Nueva York han sentado un precedente que imposibilitará la reestructuración de deuda soberana con acreedores privados de aquí en adelante", recalcó Timerman. El ministro argentino subrayó que, a diferencia de una empresa privada, un estado no puede cesar sus actividades y liquidar sus activos ante una situación de insolvencia, sino que debe continuar, y para ello debe poder reestructurar su deuda.

"La actividad de un tercero, se trate de fondos buitre o de un estado, a través de decisiones judiciales o administrativas obstruyendo o impidiendo a otro estado reestructurar sus deudas, implica una violación inadmisible al principio de soberanía estatal", recalcó. Timerman reconoce que no existe en el ámbito internacional un régimen de reestructuración de deuda soberana que ponga límites a la actuación de estos fondos especulativos y a los abusos de derecho en los que, en su opinión, han incurrido las cortes de Nueva York y otros tribunales.

“Lo que vale para un acreedor, debe valer para todos…”

"Un marco legal multilateral imbuido de principios generalmente aceptados incluidos en las leyes de quiebra de la mayoría de los países debiera determinar que los términos de un acuerdo alcanzados por un estado soberano con la mayoría de sus acreedores sea legalmente vinculante también para los demás acreedores", agregó.

Timerman dijo, por otro lado, que el foro natural para el debate y para encontrar una respuesta es Naciones Unidas. "Argentina junto a otros países de la comunidad internacional busca adoptar en la 69 Asamblea General de Naciones Unidas un conjunto de principios básicos e instar a todos los estados a su cumplimiento", añadió.

JOV (efe, LaVanguardia)