Luis Muiña fue condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Los jueces consideran probado que había participado en el terrorismo de Estado de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Los historiadores estiman que los esbirros de los militares dejaron alrededor de 30.000 personas muertas o desaparecidas. Varios testigos identificaron a Muiña como miembro de una unidad parapolicial que secuestró a presuntos disidentes, que fueron torturados y asesinados.

Ahora Muiña anda suelto, después de sólo nueve años de prisión. El Tribunal Supremo, la última instancia judicial accedió a su petición de reducción de condena. La protesta es especialmente grande, ya que varios cientos de convictos, esbirros de la junta militar podrían beneficiarse y eventualmente reducir sus condenas. Sólo un día después de conocido el veredicto se presentaron  más solicitudes similares citando a la misma ley.

Más información:

Argentina: más de 750 represores de la dictadura podrían beneficiarse por un fallo

Procesan a ex jefe del Ejército argentino por crímenes en dictadura

Las asociaciones de víctimas han convocado a manifestaciones y Gladys Cuervo, que identificó a Muiña como su verdugo en los tribunales, ha anunciado que apelará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno se basa en la separación de poderes

El gobierno de Argentina, sin embargo, compungido por el veredicto y después de una reunión de gabinete convocada a toda prisa por el presidente Mauricio Macri,  envió a su ministro de Justicia, Germán Garavano, para explicar que el gobierno no le pide al Tribunal Supremo que se retracte de la sentencia, pero que si hay acuerdo en que la ley que permitió la reducción de la condena, debe ser abolida, especialmente cuando se trata de crímenes contra la humanidad.

Gerardo Milman, secretarió de Estado de Seguridad Nacional, expresó en el diario "La Nación" lo siguiente: "No queremos discutir el fallo de la corte, porque uno de los problemas en Argentina fue precisamente la falta de separación de poderes”.

La oposición está de acuerdo

La oposición no se quedará callada: Fernando "Pino" Solanas, senador y presidente del partido de izquierda "Proyecto Sur", sostiene que el gobierno responsable de la decisión: "no es sólo una cuestión legal, esta decisión es la continuación lógica de política anterior llevada por Macri".

La expresidenta Cristina Fernández, de Kirchner, reconoce que se da un paso atrás cuando se trata de los derechos humanos, un tema reconocido durante 20 años: "se siente como si el desaparecido desapareciera por segunda vez", dijo a los miembros de un sindicato de profesores, y llamó a la sociedad a defenderse: "si el gobierno puede cambiar la ley, y el pueblo se lo permite. Qué creen que harán con otros derechos?"

Acusaciones sin fundamento

Evidencia o sólo indicios de acusaciones, lo cierto es que la oposición es culpable. Señalan que Macri había designado a dos de los tres jueces que aceptaron acortar la sentencia de cárcel de Muiña, poco después que asumió en el cargo, a finales de 2015. Después de que dos de los cinco presidentes de la Corte Suprema había dejado su puesto vacante por razones de edad.

Los oponentes de Macri no menciona que: la oposición tiene 55 de los 72 escaños en el Senado, que en Argentina debe confirmar las nominaciones al Tribunal. Además de los 17 senadores del gobierno y dos tercios de los representantes de la oposición que votaron por el juez correspondiente. Uno de ellos, Horacio Rosatti, proviene del campo de la oposición, fue ministro de Justicia entre los años 2004 y 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner y en 2016 obtuvo la ratificación del Senado con 60 de los 72 votos para su designación como Presidente del Tribunal Supremo. El tercero en dar el sí a la reducción de condena de Muiña  es un juez que también había sido nombrado Néstor Kirchner.

"Legalmente impecable"

También la acusación de Cristina Kirchner, de haber cambiado las leyes para permitir la "impunidad" será en vano. La llamada ley dos por uno en la que se basa la sentencia, estuvo vigente sólo entre 1994 y 2001.

Con esta ley ya han sido condenados varios subordinados militares. Luis Muiña es sólo el primero que llega a la última instancia de la Justicia. Hasta ahora se discute si esta ley es aplicable a violaciones de derechos humanos. Lo que pusieron en duda dos de los tres jueces del Tribunal Supremo. El resto, sin embargo, justificó su decisión en el hecho de que no hay ninguna referencia a esta excepción en la ley pertinente.

Francisco Castex, profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires, concluye: "Legalmente, el juicio es correctísimo."

Ley contra la barbarie

Que la ley abolida todavía tenga relevancia en la actualidad, Castex lo explica por el hecho de que los condenados pueden apelar a cualquier ley que estaba en vigor entre el hecho y el veredicto.

"Eso puede gustarnos o no", dice Castex, "pero es un principio jurídico internacional válido". En Alemania el principio "lex mitior", "la ley más benigna", está en el artículo 2, párrafo 3 del Código Penal encargado de regular. Justamente Castex dio a entender que los tres jueces que aprobaron acortar la sentencia no están contentos con las consecuencias de su juicio. "Un Estado de Derecho no lucha contra la barbarie al desviarse de la orden legal", dijo el juez Horacio Rosatti sobre su decisión, "sino respetando los derechos y garantías que se introdujeron para todos, incluso para los que fueron declarados culpables de crímenes aberrantes".

Jan Walter (mn/jov)