"Me han dicho que el plan es estar acá la próxima semana para negociar con los holdouts para resolver esta situación", dijo el abogado Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb, que representó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en una audiencia con el juez Thomas Griesa en la Corte de Apelaciones de Nueva York.

El magistrado citó para la próxima semana a una nueva reunión entre Argentina y los "fondos buitre", en la que el país deberá explicitar su voluntad de negociación a través de la presentación de una propuesta, detalló la agencia estatal de noticias Télam.

La Corte de Apelaciones levantó hoy la suspensión cautelar que frenaba la ejecución de los pagos a los "fondos buitre", por 1.500 millones de dólares en efectivo y en un solo pago, tal como ordenó Griesa. La Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado el lunes el pedido de revisión de la Argentina a la sentencia de Griesa.

En la reunión del miércoles (18.06.2014), que duró alrededor de una hora, estuvieron el juez y los abogados que representan al gobierno argentino, así como los letrados de los fondos buitre. El jefe del bloque de senadores del oficialista Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, aseguró que el gobierno "tiene un camino, una estrategia y la convicción muy firme de pagar al 92 por ciento de los acreedores" que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

Del 7 por ciento que no ingresó en ningún canje, el 1 por ciento recurrió a la Justicia estadounidense para cobrar. Son considerados "fondos buitre" porque adquirieron esos bonos a muy bajo costo y litigaron para cobrarlos por el total de su valor. El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó el martes que pagarle a los "fondos buitres" empujaría al país al "default", por lo que el gobierno "está iniciando los pasos" para pagarles al 92 por ciento que sí aceptó el canje de deuda.

En los últimos días, diversos analistas había anticipado que el gobierno podría intentar un cambio de jurisdicción para pagar la deuda ya reestructurada en Buenos Aires en vez de hacerlo en Nueva York, para así evitar los embargos de los "fondos buitres". El 1 por ciento reclama 1.500 millones de dólares, que podrían ser 15.000 millones si el restante porcentaje de inversores extiende su reclamo en la Justicia.

PK/dpa