En una entrevista, dirigentes de la CGT habían rechazado ya a fines de febrero "la orientación de las políticas económicas, el creciente desempleo y las suspensiones, despidos y cierres de fábricas". Simultáneamente, tildaron a Macri de "derechista" y lo acusaron de aplicar políticas "alejadas de lo sindical".

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro nacional para los días el 6 y 7 de marzo, después de haber fracasado las negociaciones con el Gobierno. Este ofreció primero un aumento de sueldos del 18 por ciento en tramos trimestrales con ajustes por la inflación. La inflación calculada por el Gobierno para 2017 es de un 17 por ciento, mientras que analistas la ven más bien alrededor del 21 por ciento.

Los docentes no aceptaron la propuesta. Para tratar de salvar el comienzo de clases, el Gobierno propuso luego aumentos de sueldo “sin piso ni techo”. O sea, que los sueldos acompañen los índices de inflación que publica el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). La CTERA rechazó también la nueva propuesta, calificándola de “desprolija y sin detalles”.

El año pasado, la CGT mantuvo ya una relación tensa con el Gobierno, pero, no se llegó a la ruptura, a pesar de que el incremento salarial promedio fue del 33 por ciento, por debajo de la inflación anual del 45 por ciento. Pero, por lo menos, el cálculo de la inflación parece haber sido realista. En los últimos años del Gobierno anterior, la tasa oficial era manipulada para mantenerla baja, prohibiéndose incluso a institutos de economía privados publicar sus propios cálculos de la inflación, bastante superiores.  

Medidas de acercamiento

La calma de 2016 se debió seguramente también a que el Gobierno dispuso el pago de 30.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), que el Estado adeudaba al sistema de salud sindical, reforzó algunos programas sociales y logró que los empresarios se comprometieran a no realizar despidos hasta marzo.

Pero, la CGT considera ahora que esos compromisos “no se están cumpliendo”. En un documento con el título “De mal en peor”, la central sindical acusa al Gobierno de Macri de “falta de un plan económico y político” y exige “profundos cambios en la política económica”.

Que los sindicatos no se dediquen solo a actuar en las relaciones laborales entre patronales y trabajadores no es nuevo en la Argentina. Al contrario, tiene una larga tradición. Los sindicatos argentinos tienen, desde los Gobiernos del general Juan Domingo Perón (1946-1955) un enorme poder. Perón se apoyó en los sindicatos para su proyecto “nacional y popular”, consigna que recogieran muchos años más tarde también Néstor y Cristina Kirchner.

Peronistas: de ultraliberales a ultraizquierdistas

Hasta hoy, los sindicatos siguen teniendo un perfil netamente “peronista”, si es que cabe: el término es tan vago que en él entran desde neoliberales a ultranza, como Carlos Menem (presidente de 1989 a 1999) hasta la guerrilla de izquierda “Montoneros”, que realizó sangrientas acciones en los años 1970, tratando de imponer por la fuerza un modelo socialista nacional.

El perfil político de la huelga anunciada queda claro en declaraciones de Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT: “El problema real de fondo es que el Ejecutivo no comparte el diagnóstico de la central obrera”. Lejos del optimismo que intenta difundir Macri para este año, para Daer “la realidad es crítica… no hubo inflexión desde el segundo semestre de 2016 y no rebotaron ni la economía ni el empleo”.

Dada la fortaleza de los sindicatos, no puede extrañar que, tradicionalmente, todos los Gobiernos argentinos intenten aproximarse a ellos. También lo hizo Mauricio Macri: algo imprescindible, más teniendo en cuenta que él mismo no es peronista. El acercamiento comenzó ya en la campaña para las elecciones que lo llevaron al poder. En ella fue apoyado por el líder sindical peronista Hugo Moyano, enfrentado a Cristina Kirchner. Pero las relaciones Gobierno-sindicatos pasaron ahora a alarma naranja.

Una espada de Damocles

Si en el correr de este año, los datos económicos angulares, sobre todo el crecimiento económico y la inflación, no mejoran, el Gobierno de Macri puede ser objeto de una enorme presión sindical, que amenaza transformarse en un verdadero dolor de cabeza.

Como, por ejemplo, lo fue para el radical Raúl Alfonsín, el primer presidente después de la última dictadura militar argentina: durante su gobierno (1983-1989) tuvieron lugar 13 huelgas generales. Alfonsín, resignado, acabó adelantando el traspaso de poder a Menem.

El peronista Menem aplicó sin anestesia recetas ultraliberales, incluida la famosa paridad artificial del peso argentino con el dólar, que terminó en el desastre de diciembre de 2001, con la bancarrota del Estado argentino. Que la historia se repita ahora, es improbable. Los vientos en el sindicalismo argentino soplan más bien en dirección al proteccionismo, las subvenciones y el nacionalismo económico. Que en tiempos de la globalización pueda ser una alternativa real, es otra cosa.