El gobierno argentino demandó a la Unión Europea (UE) ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las restricciones que impone al biodiésel argentino, informó la Cancillería en Buenos Aires. Tras lograr en 2012 la revisión de una medida impuesta por España en ese sentido, Argentina recurrió al mecanismo de solución de diferencias de la OMC para cuestionar esta vez a la Comisión Europea y a estados miembro de la Unión Europea como Bélgica, Francia, Italia y Polonia.

El reclamo se refiere a las medidas de la Unión Europea para promover las energías renovables y el establecimiento de mecanismos para reducir los gases que provocan el "efecto invernadero", así como los planes de apoyo para el sector del biodiésel, según el comunicado de la OMC.

Buenos Aires demanda que se respete la normativa internacional para que estén garantizadas las condiciones de acceso del biodiésel argentino al mercado europeo en igualdad de condiciones con otros proveedores. Según señala la Cancillería, "las normas europeas afectan la comercialización del biodiésel argentino en la UE al aplicarle un trato menos favorable respecto del proveniente de otros orígenes, en particular al producido en países de la Unión Europea".

Se cuestionan asimismo ciertas medidas que representan subsidios al biodiésel de origen comunitario y que afectan las condiciones de comercialización del combustible argentino. Estas restricciones son "obstáculos que dificultan un clima de diálogo constructivo en el marco de las negociaciones comerciales bilaterales y regionales", advirtió la Cancillería argentina.

Precedente español

Las exportaciones de biodiésel representaron el 14 por ciento de las exportaciones argentinas a la Unión Europea en 2012. El gobierno argentino resolvió el año pasado una controversia comercial por el biodiésel con España, principal destino de este producto argentino, por el cual también había reclamado ante la OMC.

El gobierno del presidente Mariano Rajoy decidió de dejar sin efecto la aplicación de la norma sancionada en abril de 2012 que frenaba el ingreso de biocombustible argentino. La medida había sido adoptada en represalia a la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF que estaban en poder del grupo español Repsol.

rml (dpa, reuters)