La Coalición contra la Impunidad (CCI) está convencida de que los recientes secuestros y actos de violencia selectiva en Argentina -en concreto, contra los testigos Luis Gerez y Julio López- guardan una relación directa con la reapertura de juicios contra antiguos representantes de la dictadura militar.

La organización alemana, que tiene como una de sus metas "lograr justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos" durante dicho régimen totalitario, considera también que la ola violenta es una respuesta a la política del actual gobierno argentino en materia de derechos humanos.

Impunidad y status quo

Esteban Cuya, representante de la CCI, manifiesta a DW WORLD una profunda preocupación por el repunte de estos actos represivos: "Durante los últimos 28 años los crimenes de la dictadura se mantuvieron en el status quo, en el orden social como algo natural, incambiable, pese a los intensos reclamos de los sobrevivientes a la dictadura y los familiares y defensores de las victimas de desaparición forzada o asesinatos en Argentina. No es casual que las amenazas y secuestros se reanudaran después de que la Corte Suprema decidiera anular las leyes de Obediencia debida y Punto final".

Cuya, quien en 1998 fue secuestrado por personeros de la antigua junta militar, afirma que "los esfuerzos contra la impunidad no son bien vistos por los ex militares, pero tampoco por industriales que se beneficiaron durante la dictadura. El caso de José Luis Cabezas, quien fue asesinado por investigar la corrupción entre la clase militar y la policía, fue la primera gran señal".

Cavallo, otra vez

Otro elemento se vino a sumar recientemente al cerco jurídico en torno de los antiguos miembros de la junta militar: la decisión de la justicia española de extraditar al ex oficial de la Marina, Ricardo Miguel Cavallo. En este sentido, Cuya señala que "en esa decisión se antepusieron los intereses económicos a la justicia. La extradición de Cavallo atenta directamente contra los esfuerzos del juez Baltasar Garzón".

Recuerda, asimismo, que Cavallo es requerido también por la justicia de Alemania; en concreto, por la Fiscalía de Nuremberg. Esto, por el caso de una ciudadana alemana que fue víctima de tortura a manos del ex oficial de la Marina argentina, y que entabló juicio contra su antiguo torturador.

Esteban Cuya evalúa positivamente el papel que ha jugado el actual régimen argentino en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, "el presidente Kirchner debe ser más consecuente con su discurso de derechos humanos y de una vez por todas mandar a sus casas o a la cárcel a los militares y policías involucrados en crímenes de derechos humanos durante la dictadura o en la actualidad".

Cuya no es particularmente optimista en cuanto al curso de los juicios contra Cavallo y otros representantes de la dictadura, en las cortes argentinas. "No hay garantías de que se desarrolle un debido proceso. Esto es menos posible ahora, con la ola de terror. Pero sin un juicio eficaz, se consagraría el régimen de impunidad", señala.

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Formalismos alemanes

La justicia alemana, a juicio de Esteban Cuya, no ha actuado en una forma ejemplar ante los abusos cometidos en Argentina contra ciudadanos alemanes. "La legislación alemana no ha avanzado al mismo ritmo que el derecho internacional en derechos humanos. Los casos que denunciamos ante la Fiscalía de Nuremberg no progresaron porque hasta 2002 la tortura no había sido incorporada al Código Penal alemán. Igualmente, tenemos seis casos de personas de origen judío a los cuales el régimen nazi les quitó la nacionalidad, y la justicia alemana, por formalismos, no ha sido capaz de restituir ese daño".

La CCI ha documentado 100 casos de alemanes o descendientes de alemanes que fueron perjudicados por la dictadura militar argentina. Sólo dos expedientes permanecen abiertos en las cortes alemanas: los secuestros y asesinatos de Elisabeth Käsemann y Klaus Zieschank. A raíz de éstos, la justicia alemana emitió en marzo de 2004 solicitud de extradición contra el general golpista Jorge Rafael Videla.

Como posible solución, agrega Cuya, "sería muy importante que el gobierno de Kirchner, con asesoria de la ONU, estableciera un programa de proteccion de testigos en Argentina, a fin de que
no se detengan los procesos que se están llevando a cabo para lograr la justicia y la verdad.

"Igualmente sería necesario que tanto el Parlamento Alemán como el Parlamento Europeo manifiesten públicamente su apoyo a la política en favor de los derechos humanos del presidente de Argentina. Que se revise la cooperación que los países europeos conceden a los policías y miilitares de Argentina, y que ésta priorice la formacion en derechos humanos".