El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes (16.6.2014) revisar la apelación de Argentina sobre un fallo que obliga al país a pagar 1.300 millones de dólares de títulos de deuda de los llamados "fondos buitres", una minoría de inversores que aún no aceptó entrar en ninguna negociación.

La Corte de EE. UU., por tanto, no revisará los fallos adversos de primera y segunda instancia en el juicio contra el país que llevan adelante los hedgefonds, que desde 2001 no aceptaron los canjes de deuda propuestos por el Gobierno argentino. Los beneficiados son los fondos Aurelius y NML Capital, que maneja el multimillonario Paul Singer, y otros holdouts, que reclaman un total de 1.300 millones de dólares, que representan alrededor del uno por ciento de la deuda que cayó en default en 2001.

Si bien Argentina estaría en condiciones de pagar los 1.300 millones de dólares de títulos de deuda a los bonistas, la decisión de la Corte plantea un problema de difícil solución al Gobierno argentino que, según expertos, afectará su economía, y, además, podría abrir la posibilidad de futuras demandas que ese país no estaría en condiciones de pagar. El ministro de Economía, Axel Kicillof, difundirá este martes (17.6.2014) a las 18:00 (hora local) un comunicado de prensa acerca de la decisión del Gobierno argentino respecto de las medidas con las que piensa encarar el tema. ¿Qué tipo de salida legal tiene Argentina en este momento? Todo dependerá de la decisión que tome el Gobierno argentino. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya dijo que “no se dejará extorsionar”.

Argentina tendría la posibilidad de volver a apelar, pero también podría ejercer un congelamiento de la orden judicial (Stay), de modo que, si la Corte Suprema pone en espera el caso, el país tendría más tiempo para decidir cómo ejerce el pago, opina la Dra. Inmaculada Martínez-Zarzoso, profesora de Economía del Desarrollo en el Instituto Iberoamericano de Investigación Económica de la Universidad de Gotinga.

El mayor problema, según la economista, se produce por la cláusula pari passu, o cláusula de trato igualitario, que define que se debe dar a todos los acreedores las mismas garantías y las condiciones más favorables. “Si a los que han ganado el juicio se les pagara el 100 por ciento, eso significa que todos los que optaron por la reestructuración de la deuda también podrían reclamar ese cien por ciento”, explica. Si eso sucediera, en lugar de tener que pagar 1.300 millones de dólares -la suma de los bonos en default que ganaron el juicio- Argentina debería desembolsar una cantidad mucho mayor de dinero que afectaría aún más negativamente sus reservas.

¿Vuelve el fantasma de la cesación de pago?

Técnicamente, Argentina podría caer en cesación de pago, dice la Dra. Martínez-Zarzoso. El siguiente pago de la deuda vence el 30 de junio, y se trata de 900 millones de dólares. Esa suma debe ser pagada para no caer en quiebra técnica. “Luego, si Argentina pagara los 1.300 millones de dólares, habría que ver de qué modo los van a pagar. Lo mejor sería sentarse a negociar con los acreedores y ver si puede pagar en distintos plazos, para evitar quedarse con menos de la mitad de las reservas, o agotarlas, ya que todo eso afectará naturalmente al tipo de cambio y al valor de la moneda argentina con respecto a las demás.”

El panorama para Argentina puede tornarse aún más complicado. No se sabe aún si los otros acreedores, que aceptaron un acuerdo por cerca del 93 por ciento de la deuda en default, volverán a apelar ahora, en vista de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., y si exigirán también el 100 por ciento. “Si esto sucediera”, dice la economista, “el problema es mucho más grave, y una quiebra declarada sería, naturalmente, algo muy negativo para Argentina como país.”

De acuerdo con la Dra. Martínez-Zarzoso, lo primero que Argentina debería hacer es buscar un stand-by, un plazo de tiempo para tomar una decisión que sea lo más sabia posible, dada la situación. Y luego entablar negociación con los fondos buitres para ver si hay una forma de prolongar el pago de la deuda. Además, el Gobierno argentino debería aprovechar este momento álgido para buscar nuevas soluciones a nivel económico para salir adelante como país, dice, “y allí ya se entra en cambios en el terreno político”.

Lo más justo sería una negociación en la que se logre no tener que pagar el cien por ciento a los “fondos buitre”, aclara Martínez-Zarzoso, para que el pago se iguale al de los acreedores que aceptaron unas condiciones menos favorables, y la solución sea justa y no perjudique a los inversores que estuvieron dispuestos a una reestructuración de la deuda argentina con el apoyo internacional, entre otros, del Club de París.

Repercusiones en países emergentes

Esta decisión de la Corte Suprema de EE. UU. y la respuesta del Gobierno argentino tendrá también un efecto en los mercados de los países que tengan problemas de endeudamiento, señala la economista. Según ella, el escenario de la deuda argentina es complejo por la falta de transparencia del Gobierno: “El caso de Argentina es muy especial, ya que se ha dado a conocer que la forma en la que ha actuado el Gobierno no es lo suficientemente transparente, y que tampoco ha dedicado el dinero a los usos más productivos”, subraya.

Pero la estrategia de los hedgefonds es la misma en el caso de otros países endeudados, aclara la experta. “Hay países han sido literalmente atacados por estos 'fondos buitre' cuando tuvieron que reestructurar su deuda e hicieron frente a esos pagos, en los que los acreedores aceptaron reducciones de hasta el 70 por ciento de la deuda. Los fondos que no se acogieron a esa reestructuración llevaron a juicio al país. Por eso pienso que es necesaria una regulación a nivel internacional, ya que el sistema financiero actual influye de manera negativa en el desarrollo de los países más pobres.”

Apoyo de la comunidad internacional

Otra de las opciones para el Gobierno argentino, dice la experta, sería pedir apoyo a la comunidad internacional, unirse en ese aspecto a otros gobiernos, como el de Brasil o el de México, solicitar ayuda al Banco Mundial, e incluso a algunos economistas, como Joseph Stiglitz, que han salido en defensa de los países en situaciones difíciles, y buscar la salida “menos mala” para Argentina. Pero los casos de corrupción dados a conocer en ese país dificultan lograr ese objetivo.

“El Gobierno debería exponer con claridad cuáles son los fondos y los bienes que posee, no solo Argentina como país, sino los bienes de los funcionarios que han gobernado el país en los últimos años”, añade.

El fallo de la Corte Suprema de EE. UU. plantea, según la experta, el interrogante de qué se debe hacer para determinar qué sucederá no solo con Argentina, sino con todos los países que puedan caer en situaciones similares debido a este fallo a favor de estos fondos, “cuyas prácticas no defiendo, porque pienso que están optando por apostar al default. No provocándolo, pero especulando con obtener ganancias de los países más pobres”.