En 2025, se registraron 84.760 desapariciones y 23.919 localizaciones de personas desaparecidas en Brasil, según datos del Ministerio de Justicia. Cada hora, casi diez personas desaparecen en todo el país, tres de ellas menores de 18 años.

Esta es la cifra más alta desde 2015 y el quinto año consecutivo en aumento, tras el fuerte descenso de 2020 por la pandemia de COVID-19.

Políticas con resultados lentos

En los últimos siete años, Brasil ha estado creando nuevos instrumentos para abordar mejor el problema, como la promulgación, en 2019, de la Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde entonces, los Gobiernos federal y estatal han mantenido un diálogo para intentar estandarizar y priorizar las investigaciones y centralizar la información para localizar a las personas.

En agosto de 2025, se lanzó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero, hasta la fecha, solo 12 de los 26 estados están integrados en el sistema.

Los Gobiernos federal y estatal también han promovido campañas para recolectar el ADN de familiares de personas desaparecidas y contribuir a la búsqueda de sus seres queridos, además de cursos de capacitación a 158 profesionales de la Policía Civil, responsables de investigar este tipo de casos, desde 2024.

Razones para las desapariciones

Existen diversas razones que llevan a la desaparición de personas: las no delictivas involuntarias, es decir, personas que por motivos ajenos a su voluntad no regresan a casa, y las voluntarias, como, por ejemplo, un adolescente que decide huir de casa o una mujer que desea comenzar una nueva vida lejos de un esposo abusador.

Y también existen las desapariciones delictivas con fines de explotación sexual, trata de personas, trabajos forzados o víctimas de homicidio.

La recomendación del Gobierno brasileño es presentar una denuncia en la comisaría más cercana tan pronto como la familia se percate de la desaparición. No hay que esperar 24 horas. Y, a veces, es en este primer paso cuando el Estado falla.

Una guía elaborada por el Ministerio de Justicia instruye a las comisarías a brindar una atención diferenciada y adecuada a los familiares, "no solo para evitar agravar su sufrimiento, sino también para facilitar y enriquecer las contribuciones que pueden ofrecer a los agentes públicos".

Estos principios se ignoran con frecuencia, afirma Ivanise Esperidião, quien lleva 30 años buscando a su hija Fabiana y preside la Asociación de Madres de la Sé. "Incluso hoy en día, hay personas que llegan a una comisaría y, dependiendo del agente de turno, les dicen: 'Vuelvan en 24 horas'. Dependemos mucho de la buena voluntad de la autoridad", afirma. "La mayoría de las veces, ya tienen una opinión formada. Si es un adulto, se fue porque quiso. Si es un adolescente, se escapó de casa, está involucrado con las drogas. Si es un niño, desapareció por malos tratos", añade.

Crimen organizado y escuadrones de la muerte

Otra organización activa es Mães em Luta (Madres en Lucha), presidida por Vera Lucia Ranu, quien lleva 33 años buscando a su hija Fabiana. Ella cree que el aumento anual de las desapariciones denunciadas también podría estar relacionado con las ejecuciones perpetradas por el crimen organizado de jóvenes recultados de clases bajas: "Muchas veces los asesinan y utilizan fosas clandestinas, como las que tenemos aquí en São Paulo, Río de Janeiro, Salvador... Luego nadie los encuentra, y cuando la madre se da cuenta de que [su hijo] no va a regresar, a veces se anima a presentar una denuncia".

Para unir las voces de las diversas entidades civiles dedicadas a la localización de personas desaparecidas, en 2025 se lanzó el Movimiento Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hânya Pereira Rêgo se involucró en la causa por ser familiar de una persona desaparecida durante la dictadura militar y posteriormente decidió usar su experiencia para ayudar a las familias de los desaparecidos en un contexto democrático.

Afirma que, además del crimen organizado, hay agentes estatales que también hacen desaparecer personas, ya sea de forma selectiva o para encubrir errores de la Policía. Sin embargo, Hânya se muestra optimista sobre el potencial de acelerar la localización de personas en los próximos años. A medida que más estados se unan al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y más familiares recopilen su ADN e integren la base de datos, habrá una "explosión" en la localización de personas, afirma.

Señala que el estado de São Paulo, origen de aproximadamente una cuarta parte de los informes de personas desaparecidas, "es el más reticente" a participar en el registro nacional. En declaraciones a DW, la secretaría de Seguridad Pública de São Paulo afirma que las negociaciones para la integración en la base de datos nacional están en marcha.

Falta de coordinación

Medidas sencillas, como comparar los perfiles de los fallecidos con el registro de personas desaparecidas antes de enterrarlos, también evitarían el sufrimiento a muchas familias. Este es el caso de Sandro Andrade, de 58 años, cuyo hijo estuvo desaparecido durante siete años y medio.

Samuel tenía 19 años cuando salió de su casa en Grajaú, en la zona sur de São Paulo, para ir a una fiesta en diciembre de 2017 y nunca regresó. Tras ejercer mucha presión sobre concejales, diputados estatales y autoridades, Sandro logró iniciar una nueva investigación en 2024, que pronto identificó el ingreso de un cuerpo compatible con el de Samuel en el Instituto Médico Legal, cinco días después de su desaparición.

Una prueba de ADN confirmó que, efectivamente, se trataba de Samuel. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río Pinheiros, muerto por asfixia mecánica, por ahogamiento. Una investigación identificó que su teléfono celular fue vendido en línea dos días después de su desaparición, pero no reveló la cadena de eventos que condujo a su muerte.

"Las agencias no se comunicaron, la famosa base de datos no estaba disponible, faltó compromiso", dice Sandro. "Es indignante que un cuerpo enterrado cinco días después de la desaparición, regrese a la familia casi ocho años después". Presentó una demanda contra el Estado solicitando una indemnización: "No traerá a mi hijo de vuelta, no saldrá del bolsillo del gobernador, pero es lo mínimo que podían hacer, una retractación. Ni siquiera recibimos una disculpa".

(rmr/ms)