Navegando por aguas poco profundas, José Cristo de Oliveira trata de llegar a los productores de guaraná antes que los intermediarios. La situación en la Amazonía es crítica debido a la sequía que azota a la región, que ha aislado propiedades, afectado la producción y dificultado el transporte del producto.

Cristo, como le dicen sus cercanos, intenta salvar la cosecha de los más de cien integrantes de una agrupación de agricultores. La falta de agua y las altas temperaturas no tuvieron piedad con la fruta, que este año brotó en menor cantidad. "Vamos a ir a cada huerta para hacernos una idea de la situación y entregar a las familias un anticipo para que no vendan a los intermediarios. De esta manera, podemos mantener nuestra producción", explica Cristo a DW.

La agrupación consiguió para esta misión 50.000 euros a través de un préstamo a costos mucho más convenientes que los del mercado financiero, dinero que es vital para que las comunidades sobrevivan a los impactos de la sequía, un evento extremo que se ha vuelto cada vez más frecuente debido al calentamiento global.

"El impacto es muy profundo, porque es una región muy vulnerable. Ellos necesitan este dinero para recolectar el guaraná y para comer", dice Ana Beatriz Villela, coordinadora de inversión de impacto de Sitawi, organización sin fines de lucro enfocada en negocios socioambientales.

¿Quién paga la cuenta?

En la fría ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en tanto, el debate sobre los fondos para apoyar a los países más pobres a enfrentar este escenario alimenta las discusiones de la actual edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29).

"En este momento no hay apoyo financiero suficiente y las comunidades pagan prácticamente solas los costos de todo esto. Es necesario aumentar drásticamente los aportes para la adaptación y la respuesta a los fenómenos climáticos extremos", dice a DW Avinash Persaud, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las negociaciones están estancadas en torno a decisiones sobre cuánto y quién tiene que pagar por el financiamiento climático de los países menos desarrollados. La cuenta es onerosa. Serían necesarios más de un billón de dólares para apoyar a los Gobiernos a preparar ciudades, comunidades y cadenas de abastecimiento para el impacto del cambio climático.

El papel y los intereses de Brasil

Con una buena reputación diplomática y como anfitrión de la próxima conferencia, Brasil fue llamado a última hora para mediar en Bakú. El propio presidente de la COP29, el ministro azerbaiyano Mujtar Babayev, dio al país sudamericano un papel inédito: garantizar que todos los temas que generen discordia entre los países sean contemplados de forma equilibrada en el documento final.

El pedido de ayuda fue una movida inteligente, estima Claudio Angelo, coordinador de políticas internacionales del Observatorio del Clima. "La presidencia azerbaiyana no está a la altura, tiene menos tradición en este tipo de procesos multilaterales", analiza. La lucha es para garantizar que los países más ricos -y los mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero- paguen la factura.

"Brasil está negociando para alcanzar una definición de lo que es el financiamiento climático y mantener vivo el proceso, principalmente en términos de solidaridad con los países más pobres", apunta Angelo.

Inversión

Mientras siguen las negociaciones en Azerbaiyán, Cristo, en medio de la sequía, intenta evitar lo peor. La compra de la cosecha de guaraná tiene como objetivo garantizar un precio justo en la venta final y brindar condiciones para que los agricultores se queden en sus hogares.

"El clima está cambiando, y nuestra forma de trabajar, de leer la naturaleza, ya no funciona bien. El año pasado la gente tuvo una crisis y este año está peor, con una sequía muy fuerte y muchísimo calor", sostiene Cristo, que destaca la enorme cantidad de gente que se beneficia con el trabajo que él y su equipo realizan.

"Invertir en resiliencia es generar ahorros para el futuro. Por cada dólar invertido, se economizan cuatro dólares. Es la cantidad de dinero que no se gasta en las pérdidas causadas por el cambio climático, como pérdidas de producción, infraestructura y problemas de salud", explica Persaud, del BID.

(dzc/ms)