Gran Canaria: contrabando y política migratoria
17 de mayo de 2021![Policías en el Puerto de la Luz, Gran Canaria.](https://static.dw.com/image/57530910_800.webp)
Rafael da otra vuelta a su camión antes de entrar con él al ferry. Examina cada rincón con mucho cuidado. Este camionero viaja con regularidad entre el puerto de La Luz, en Las Palmas, capital de Gran Canaria, y la península ibérica.
Polizones en el contenedor de refrigerado
Hace unas semanas, Rafael tuvo una desagradable sorpresa al descubrir a un grupo de polizones en su vehículo. Había cuatro escondidos en los ejes del camión. "Otros entraron a la parte trasera del contenedor. Si hubiera encendido el sistema de refrigeración, mientras conducíamos, todos habrían llegado congelados", recuerda Rafael. Aun así, los polizones estaban tan debilitados en el lugar destino, que tuvo que llamar a una ambulancia que los llevara al hospital.
Desde principios de 2020, alrededor de 30.000 migrantes han llegado a las islas atlánticas españolas. Algunas están situadas a menos de 100 kilómetros del continente africano. Muchos de los migrantes provienen de Marruecos, pero cada vez más también de países al sur del Sahara, especialmente de Senegal y Mali. Para la mayoría, las islas son el puente para poder llegar a la península ibérica y a otros países europeos. Y precisamente esto es lo que el Gobierno español ha estado tratando de evitar durante meses: que no se establezca un nuevo corredor de migración ilegal hacia la Unión Europea.
Amadou Diop también ha pensado en dejar la isla en secreto. El senegalés llegó a Gran Canaria hace más de seis meses, en un cayuco. Fue alojado con cientos de otros migrantes en un campamento improvisado, donde ahora se siente como si estuviera en prisión. "No tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Solo puedo comer y dormir. Para eso no vine aquí. No podemos hacer nada por nuestras familias en Senegal, por ejemplo, enviarles algo de dinero para la comida", dice el joven a DW.
El contrabando florece
La desesperanza de los migrantes se ha convertido en un gran negocio para algunos en la isla. A mediados de abril, una unidad especial de la policía española detuvo a 45 presuntos contrabandistas. Desde salones de peluquería y agencias de viajes en el sur de Gran Canaria, se habrían organizado viajes al continente europeo para cientos de inmigrantes. Una asesora de refugiados dijo a DW que los migrantes suelen gastar entre 700 y 3.000 euros en servicios de tráfico ilícito, un negocio millonario para los grupos criminales.
Las autoridades de seguridad no quieren comentar nada sobre el problema; tampoco el Ministerio del Interior. El único político dispuesto a hablar sobre contrabandistas es Txema Santana, comisionado de migración del Gobierno de la isla. Está convencido de que las Islas Canarias tienen un problema con el contrabando de personas. Para él, es un fenómeno paneuropeo, especialmente en las regiones con fronteras exteriores europeas, porque es "donde se acumulan los grupos de migrantes y surgen estas redes. Siempre habrá personas que se enriquezcan a través de la migración."
Veredicto a favor de migrantes
Este tema es muy sensible para el Gobierno español. Según un reciente veredicto, en la isla no se debe retener a migrantes. El abogado Daniel Arencibia demandó en nombre de un cliente marroquí esta práctica y ganó el caso. Si una persona puede identificarse, presentar los documentos de registro pertinentes y cumplir con las normas especiales relacionadas con la pandemia, las autoridades de seguridad no deben impedirle continuar su viaje a la península: "No se puede convertir una región entera en una prisión, y el tribunal ahora lo ha dejado muy claro", resume el letrado.
El veredicto es resultado de un procedimiento de urgencia y el Gobierno central ya lo apeló. Los empleados del puerto de Las Palmas coinciden en que el número de polizones está disminuyendo lentamente. Además, el Gobierno español ha comenzado a expandir significativamente el reasentamiento oficial de grupos, en especial, de personas vulnerables, como mujeres y niños. Así que el negocio de los contrabandistas de personas en Canarias podría llegar a perder su atractivo. (rmr/rml)