El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había dado un plazo de doce horas a los secuestradores del equipo de prensa del diario El Comercio, raptados el 26 de marzo por un grupo narcotraficante liderado por "Guacho”, disidente ecuatoriano de las FARC. Pasado el término, Moreno confirmó la muerte de los dos periodistas y su chofer y envió refuerzos militares a la zona fronteriza. 

El periodista Javier Ortega; el fotógrafo Paúl Rivas, y el conductor Efraín Segarra, habían sido secuestrados en Mataje, provincia de Esmeraldas (zona de Ecuador limítrofe con Colombia), donde buscaban información sobre ataques de sus posteriores captores y asesinos.

DW:  Imágenes recibidas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) mostraban a las tres víctimas ecuatorianas, cuyo asesinato fue confirmado este 13 de abril. ¿Qué está haciendo la FLIP en este caso?

En efecto, el 12 de abril, la FLIP recibió de Noticias RCN varias fotografías de los tres trabajadores de El Comercio que, debido a su "delicadeza”, entregó al gobierno colombiano. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares para la protección de los reporteros atendiendo a la solicitud presentada por Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa. La FLIP pide plena responsabilidad en cualquier acción que se tome. 

Esta es una situación inédita en Ecuador. Su presidente dijo que "había paz porque se permitía el paso de la droga”. ¿Es este secuestro y asesinato una nueva dimensión del acoso a la prensa en Ecuador, resultado de la persecución al narcotráfico?

Mientras en Colombia la prensa ha estado sometida al fuego cruzado del conflicto, esta es una situación atípica para los ecuatorianos. Como también es cierto que mientras la sociedad en Ecuador se ha movilizado en rechazo al secuestro de sus periodistas, en Colombia no se le ha dado la misma relevancia al caso. 

¿Por qué este violento ataque a la libertad de prensa había estado relegado en Colombia a segundo plano?

Mientras Quito afirmaba que los periodistas estaban en territorio colombiano, Bogotá decía que estaban en ecuatoriano. El hecho fue minimizado y ahora las responsabilidades tendrán que ser aclaradas. Ambas partes han ignorado que la frontera es selvática y porosa. Por otra parte, las disidencias de las FARC se han convertido en un verdadero problema que el Gobierno colombiano no ha tratado como debe ser.

¿Por qué Ecuador y Colombia no han sido capaces de manejar mejor este caso?

Aquí se demuestra que no hay garantías a la libertad de prensa en los dos Estados. Tanto ecuatorianos como colombianos son huérfanos de las libertades civiles. Esto demuestra igualmente que hay personajes cavernícolas que creen tener que secuestrar a periodistas para usarlos como moneda de cambio.

Otro caso de ataque a la libertad de prensa sigue ocupando a Colombia. En plena campaña electoral, un "seguidor del partido Centro Democrático” demandó al caricaturista Matador y al diario El Tiempo por la caricatura "Duque, reflexiona”, por ser supuestamente "ofensiva” y pidió al juez excusa pública del caricaturista y amonestación al periódico.  La Justicia falló a favor del artista y el diario. ¿Nada de que quejarse?

Para la FLIP es preocupante que se emprendan este tipo de acciones en contra de caricaturistas, ya que la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador hubiera sido una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar.

A pesar de que la Justicia falló a favor de Matador, este ha recibido amenazas de muerte por lo que tuvo que cesar su perfil en redes sociales y ahora lleva chaleco antibalas. ¿Es la libertad de prensa en Colombia una cuestión de seguridad?

La libertad de expresión protege no sólo la emisión de opiniones pacíficas, políticamente correctas o socialmente aceptadas. Por el contrario, el estándar constitucional e interamericano de protección también protege la emisión de expresiones chocantes, incómodas, indecentes, impactantes, escandalosas e, incluso, ofensivas o groseras. Lo anterior se debe a que no corresponde al Estado fijar los parámetros del buen gusto y la decencia, ya que, lo que para algunos puede ser chocante, para otros puede ser natural e incluso, necesario.

José Ospina-Valencia (ers)