Las reacciones van de la expectativa al pesimismo, pero con una demanda común previa a cualquier negociación: la liberación de más de 700 presos y plenas garantías a la libertad de prensa y de movilización.

El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció la noche del sábado que había sostenido un "intercambio” con "un grupo de empresarios privados” y en presencia del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, para "empezar una negociación” sobre temas importantes para el país.

"En el abierto intercambio, se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”, indicó una breve nota de prensa oficial.

Aunque el gobierno no volvió a hablar del asunto, monseñor Brenes reveló que en la reunión participaron Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y, como contraparte, el millonario Carlos Pellas y otros cuatro representantes del gran capital financiero, sector que se abstuvo de apoyar abiertamente las protestas opositoras en 2018.

"No fue un diálogo, fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente”, dijo el arzobispo a periodistas antes de oficiar una misa el domingo al suroeste de la capital. Consideró que las partes "van a seguir platicando” y que la Iglesia Católica está dispuesta a intermediar si es invitada.

¿Oxigenar a Ortega?

La noticia generó diversas reacciones, primero en las redes sociales, donde los ciber-activistas del gobierno guardaron silencio, y los "azul y blanco” (opositores) mostraron desconfianza, especialmente los más radicales. "Cuidado, puede ser un pacto para oxigenar a Ortega. ¿Y los muertos qué? ¿Y los presos políticos qué?”, eran preguntas que muchos se hacían.

Para aplacar las especulaciones, los empresarios dijeron en un comunicado que le pidieron a Ortega reanudar "una negociación rápida, efectiva y creíble” con la opositora Alianza Cívica, interlocutora del gobierno en el frustrado primer diálogo nacional (16 de mayo-9 de julio 2018).

"Nuestros únicos objetivos con esta iniciativa fueron abrir las puertas para reanudar la negociación entre el Gobierno y la Alianza, así como trasladar al Gobierno la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional para resolver la crisis”, recalcó el documento, firmado por Roberto Zamora, Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Juan B. Sacasa y José Antonio Baltodano, dueños de los principales bancos privados del país.

Para algunos, Ortega habría aceptado recibir a los banqueros porque necesita enviar "una señal” de buena voluntad a Estados Unidos y a Europa, ante las sanciones impuestas por Washington y las anunciadas por el Parlamento Europeo, y a las puertas de una reforma fiscal que, de aprobarse esta semana, provocaría nuevos cierres de empresas y la estampida de los depósitos financieros, que cayeron en 1.517,6 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2018 según cifras oficiales.

Daniel Ortega también busca "ganar tiempo para dividir, antagonizar y organizar la vaina según sus necesidades (…) Veremos cuánto le dura el maniobreo y resistamos. Así que, antes de que les dé un derrame, hagan juicios sumarios, se decepcionen o acusen de traición a nadie, alistemos energías y fuerzas para defender y luchar por nuestras demandas de libertad, justicia y democracia”, escribió en sus redes la conocida periodista Sofía Montenegro.

La economía nicaragüense ha sido profundamente afectada por la crisis que dejó al menos 325 muertos y 4.000 heridos, en su mayoría manifestantes civiles. El crecimiento del PIB se redujo un 4 por ciento en 2017 y se contraerá entre un 7,3 y un 10,9 por ciento este año, según estimaciones de la ONG Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El gobierno calcula en más de 1.600 millones de dólares las pérdidas económicas y en casi 158.000 los empleos formales que desaparecieron, especialmente en los sectores de turismo y comercio, los más perjudicados. El gobierno responsabiliza de la debacle económica a los grupos opositores, incluyendo organizaciones y figuras disidentes del Frente Sandinista, a quienes acusa de haber promovido un "fallido golpe de Estado terrorista" para derrocar a Ortega, con apoyo de Estados Unidos.

Las demandas que condicionan el diálogo

La liberación de los detenidos, que suman al menos 770 de acuerdo con la Alianza Cívica, brotó como la principal demanda previa a un nuevo diálogo. Así lo exigieron el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, la Articulación de Movimientos Sociales y la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que agrupa a unas 40 organizaciones de la sociedad civil.

"El primer requisito es la liberación de los presos políticos. No puede haber un diálogo nacional si hay jóvenes estudiantes, campesinos, periodistas, hombres y mujeres en la cárcel. Es un requisito absolutamente necesario”, declaró el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, conocido por sus posiciones políticas muy críticas del gobierno.

Báez, uno de los cinco miembros de la Conferencia Episcopal que mediaron en el primer diálogo, recalcó que cualquier negociación debe tener "un objetivo primario: la democratización de Nicaragua”, concepto que para los adversarios de Ortega significa su salida del poder y la realización de elecciones anticipadas, "transparentes” y bajo vigilancia internacional.

Otros reclamos planteados al gobierno son la anulación de juicios penales a los detenidos; el desarme y disolución de los grupos paramilitares; el cese de las capturas de opositores; la libertad irrestricta de prensa y de movilización, y el regreso a Nicaragua de los principales organismos de derechos humanos internacionales, entre éstos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuyas misiones fueron retiradas por Ortega el año pasado.

Ambas organizaciones celebraron el anuncio oficial y apelaron a la "buena voluntad” de los dialogantes. La CIDH planteó incluso cinco recomendaciones que coinciden con las exigencias de los opositores al gobierno.

Los líderes de la UNAB, varios de ellos en el exilio o en situación de clandestinidad dentro del país, definieron su posición a través de una videoconferencia. En la UNAB está el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que no fue invitado a la reunión del sábado pero la avaló como "un punto de partida” para resolver la crisis, la peor que ha vivido el país en décadas.

"Pienso que a partir de ahora puede abrirse una nueva negociación para resolver la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Es sólo un acercamiento, pero todos estamos claros cuáles son las exigencias del pueblo de Nicaragua. Y que cualquier negociación debe tener esa legitimidad”, dijo a DW Violeta Granera, dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), adscrito a la coalición opositora.

Advirtió que el diálogo deberá transcurrir "en un ambiente de paz que significa principalmente la libertad inmediata de todos los presos y presas políticas y el cese de la represión con garantías”, incluyendo la posibilidad de regreso de los exiliados, de los cuales más de 52.000 se encuentran en Costa Rica, de acuerdo con la CIDH.

(CP)

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