Eran las 9.53 horas del 18 de julio de 1994 cuando un estruendo remeció el barrio Once de la capital argentina. Una explosión echó abajo los siete pisos de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y afectó a numerosos edificios cercanos. La cifra oficial de víctimas, entre quienes se encontraban en la AMIA, transeúntes y vecinos, alcanzó los 85 muertos y más de 300 heridos.

Entre ellos había empleados de la Mutual, personas que estaban circunstancialmente en la bolsa de trabajo, el dueño de una imprenta cercana, el repartidor de una panadería y albañiles y electricistas que hacían reparaciones en el lugar.

El ataque contra esta organización social y comunitaria, fundada en 1894 por inmigrantes judíos provenientes de distintos lugares de Europa, conmocionó a todo el país. Pero no era la primera vez que la numerosa comunidad judía de Argentina, la mayor de toda América Latina, hoy de unos 400 mil miembros, era el blanco de un atentado terrorista.

Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, un ataque suicida con un auto cargado de explosivos contra la embajada de Israel había causado la muerte de 22 personas y dejado a 242 heridos. Nunca fueron identificados los culpables.

La politóloga argentina Mariana Llanos, del Instituto de Estudios Globales y Regionales GIGA, con sede en Hamburgo, considera que "el caso tiene una dimensión no solamente nacional sino también internacional extremadamente compleja. Es un caso complicado, en un país en que la justicia es lenta e ineficiente”, señala en diálogo con DW.

Algunos análisis aventuran que el atentado tuvo que ver con el involucramiento de Argentina en conflictos internacionales y el cambio de política hacia Irán. En 1991, el gobierno de Carlos Menem decidió cancelar un acuerdo comercial en materia nuclear firmado unos años antes con ese país.

Asimismo, ese año Menem envió dos fragatas a apoyar el bloqueo contra Irak en la Guerra del Golfo, a lo que se sumó el caso de la venta de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina. Las sospechas apuntan a que el accidente en helicóptero en que murió el hijo del presidente en 1995, en realidad habría sido un ajuste de cuentas.

25 años de impunidad

La principal hipótesis es que el atentado habría sido provocado por un coche bomba que se estrelló contra el edificio ubicado en el número 633 de la calle Pasteur. Pero al cumplirse 25 años del mayor ataque terrorista sufrido en Argentina, todavía no está claro quiénes son los culpables.

Las investigaciones no han estado exentas de tropiezos. Además de la causa por el atentado mismo, ha habido investigaciones por redes de corrupción, obstrucción a la justicia, malversación de fondos y encubrimiento de la policía y funcionarios de gobierno, incluyendo expresidentes.

En 2004, la primera causa fue declarada nula y el juez Juan José Galeano fue destituido, por haber estado involucrado en el pago de 400 mil dólares -con fondos reservados del Estado- al reducidor de autos Carlos Telleldín para que inculpara a un grupo de policías bonaerenses.

En una resolución de febrero pasado, la justicia condenó por encubrimiento y otros delitos a ocho imputados, entre ellos al exjuez Galeano, a Telleldín, al ex secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy y a dos ex fiscales. El expresidente Carlos Menen y otros cuatro acusados fueron absueltos.

"Este es el único hecho irrefutable que tenemos hasta ahora, que hubo una maniobra orquestada por parte del Estado argentino para encubrir la investigación del atentado. Fuera de eso no hemos logrado absolutamente nada en la justicia argentina”, indica a DW Diana Wassner, secretaria general de Memoria Activa, un colectivo de víctimas y familiares del ataque a la AMIA. Su marido, el arquitecto Andrés Malamud, murió en el atentado.

Telleldín enfrenta actualmente un nuevo juicio, acusado de proporcionar la camioneta Trafic que habría contenido el explosivo que hizo estallar la sede de la AMIA.

Sospechosos iraníes

La versión que maneja la AMIA, basándose en la investigación judicial, es que la autoría intelectual y material del atentado habría provenido de Irán, país que se ha negado a entregar a los sospechosos para que presten declaración en Argentina.

En 2004, el presidente Néstor Kirchner creó la Fiscalía especial AMIA y puso a la cabeza a Alberto Nisman, quien se había sumado a la investigación en 1997. El fiscal llegó a la conclusión de que Irán había estado detrás del atentado, el que habría sido ejecutado por la agrupación Hezbollah. Asimismo, emitió órdenes de detención internacional contra varios ciudadanos iraníes.

Nisman fue crítico del memorándum de entendimiento firmado por Argentina e Irán en 2013 y dos años después denunció que con este acuerdo la entonces presidenta Cristina Fernández promovía la impunidad. Pocos días después fue hallado muerto de un tiro. Las investigaciones han concluido que se trató de un asesinato.

El crimen agrava la situación pendiente del caso AMIA, estima Llanos: "Hay muchos puntos oscuros en la historia, que no se han logrado resolver. Los casos siguen dominados por la política nacional y la internacional, en un contexto de debilidades y politización de ciertos niveles del Poder Judicial. Esto entorpece cualquier tipo de investigación y además genera injerencias y falta de independencia y de credibilidad”.

Juicio en la CIDH

"Los juicios no han avanzado porque desde un principio hubo un pacto para que sólo se dijera que Irán fue responsable y no se investigara nada. Y a partir de ahí se hizo una gigantesca bola de nieve que empezó con una mentira y siguió con otra para tapar la primera, y así sucesivamente”, dice Diana Wassner.

"Después de 25 años no creo haya justicia, ni condena, ni verdad. Por eso es importante el juicio por encubrimiento, porque esta gente es responsable de que no tengamos nada”, agrega.

La esperanza de Wassner está puesta en una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1999, la asociación Memoria Activa presentó una denuncia ante este organismo de la OEA y "el Estado argentino asumió su responsabilidad de no haber cumplido su obligación de haber protegido a sus ciudadanos y de brindarles justicia”, destaca.

Ahora espera el informe de fondo, con el que la causa será elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica.

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