Las autoridades alemanas conocían al tunecino Anis Amri antes de que matara a once personas e hiriera a 60 en un mercadillo navideño en diciembre de 2016 en Berlín. Fue el peor atentado islamista en Alemania. El Senado berlinés encargó a Bruno Jost esclarecer el caso. El jurista se pregunta cómo es posible que un solicitante de asilo con antecedentes penales, al que le había sido rechazado el permiso de asilo y traficante de drogas, estuviese en la calle.

Hasta ahora, nadie ha encontrado una respuesta plausible, ni los comités de investigación de la región de Berlín ni el gremio parlamentario del Bundestag.

¿Cómo trabajó la BFV?

A mediados de noviembre, una testigo de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), que participó en la evaluación de las páginas web islamistas en el momento del ataque terrorista, compareció ante el gremio parlamentario. Según ella, a pesar de que Amri fue tema de conversación reiteradas veces en el Centro de Defensa Conjunta contra el Terrorismo (GTAZ) del gobierno federal y regional de Berlín, nadie se ocupó de sus actividades en redes sociales, ni de los perfiles de Facebook ni de los chats, hecho que asombra a Martina Renner, miembro del comité de investigación.

"¿Qué es lo que hacen en realidad?", pregunta la vicepresidenta de La Izquierda en entrevista con DW. Tal vez la BfV no tiene criterios para determinar qué personas deben ser tomadas en consideración. Otra explicación sería que la Oficina para la Protección de la Constitución y otras fuerzas de seguridad querían distraer la atención de sus propios errores. Renner solo ve dos posibilidades: "¿O no hicieron lo correcto o no nos dijeron la verdad?".

¿Restricción de información?

Su desconfianza en las autoridades también tiene que ver con el manejo restrictivo de los resultados de la investigación de los procedimientos judiciales en curso. El comité de investigación no recibió ninguna acta sobre el juicio en Celle (Baja Sajonia) contra el presunto líder de la milicia terrorista "Estado Islámico" (IS) en Alemania, Abu Walaa. Se sabe con certeza que Amri conocía al iraquí.

El comité de investigación debió incluso prescindir de las declaraciones de los jefes de los informantes del entorno islamista. Por esta razón, La Izquierda, Los Verdes y el FDP han presentado ahora una demanda contra el gobierno federal ante el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe.

¿Por qué no hay acceso a la información?

Según Martina Renner, la actitud de rechazo del Gobierno va más allá de lo que ella experimentó en relación con el proceso judicial contra el grupo terrorista NSU. Este aspecto también lo analizan varios comités de investigación del gobierno federal y estatal. La diferencia: los parlamentarios en el caso del grupo terrorista sí tuvieron acceso a los archivos, y los jefes de los informantes respondieron a las preguntas de los diputados.

El presidente del comité de investigación del atentado perpetrado por Amri, Armin Schuster (CDU), considera inadmisible compararlo con la NSU. Los informantes que testificaron en relación con el grupo terrorista de ultraderecha ya no estaban  en activo. Para él es problemático interrogar a jefes de informantes que siguen "en activo". El gobierno federal, por su parte, justifica la negativa a que declaren sus informantes del ámbito islamista, porque quieren protegerlos. Al parecer teme poner en peligro sus fuentes informativas.

(rmr/jov)

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