Un tribunal de justicia de Australia declaró este jueves (29.10.2020) procedente la solicitud de extradición a Chile de la exagente chilena Adriana Rivas, requerida por la desaparición de siete personas en la década de 1970 cuando trabajaba para el régimen de Augusto Pinochet.

El magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur indicó este jueves que "está satisfecho de la elegibilidad para la entrega" de la chilena de 67 años.

Rivas está acusada de haber participado como miembro de la brigada Lautaro en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada de su primer hijo en el momento de su detención.

El juez hizo un repaso de los argumentos de las partes y subrayó que no le convence la defensa de Rivas que será juzgada en Chile por sus "opiniones políticas".

La acusada, quien compareció por videoconferencia desde la prisión en la que está recluida desde su detención en Sídney en febrero de 2019, mantiene su inocencia y asegura que se trata de un juicio político contra ella. 

De espía a niñera

El proceso para decidir sobre la extradición de la exespía de Pinochet puede prolongarse durante años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales hasta llegar la batalla legal a la máxima instancia judicial de Australia, el Tribunal Superior.

Chile solicitó la extradición de Rivas en 2014, aunque después tuvo que modificarla varias veces, por los casos de siete detenidos y desaparecidos afiliados al Partido Comunista de Chile en la década de los setenta.

La chilena, de 67 años, presuntamente participó en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (Policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta entidad. 

Rivas, quien vive desde hace más de tres decenios en Australia, en donde trabajó como niñera y limpiando casas, viajó en 2006 a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, pero logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos.

mg (efe, dpa)