Este próximo 26 de septiembre se cumplen seis años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Con el trágico aniversario se cumplen también seis años de ausencia de justicia en un caso que pudo haberse resuelto en las primeras setenta y dos horas si en los hechos no hubieran participado activamente autoridades del estado de Guerrero y el gobierno federal, entonces encabezados por Ángel Aguirre y Enrique Peña Nieto.

¿Cuánto tiempo más se debe esperar a que se encuentre a todos los jóvenes desaparecidos y se emitan y ejecuten órdenes de arresto contra sus verdugos? ¿Cuánto tiempo más se puede esperar a que los responsables materiales, intelectuales y cómplices sean presentados ante la justicia? ¿Cuántos culpables más deben fugarse? Sucedió con Tomás Zerón, quien condujo la investigación en la Procuraduría General de la República manipulando pruebas, torturando a los detenidos para protegerse y proteger a los corresponsables.

¿Por cuánto tiempo los funcionarios públicos que están claramente identificados como responsables de las brutales torturas seguirán activos, representando un peligro para el resto de los ciudadanos?  ¿Hasta cuándo rendirá cuentas el Ejército Mexicano por la participación del  27. Batallón de Infantería en los hechos? ¿Por cuánto tiempo se seguirá saboteando la investigación desde el interior de las instituciones?

La Comisión de la Verdad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, atendiendo un reclamo de los familiares de los jóvenes asesinados y 43 desaparecidos, y la orden de un tribunal, creó al inicio de su gobierno la llamada "Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”. Es encabezada principalmente por Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación, que depende de López Obrador;  y por el fiscal especial Omar Trejo, quien jerárquicamente está bajo las órdenes del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Aunque la llegada del gobierno de AMLO creó expectativas de justicia, se entendía que dada la manipulación y alteración de pruebas realizada por parte de Tomás Zerón, y de los propios ex Procuradores Jesús Murillo Karam y Areli Gómez, el caso no tendría rápidos avances. Pero a dos años de haber iniciado los trabajos de la Comisión de la Verdad, ahora esa justicia no solo parece lenta, sino que se ve casi inalcanzable.

Los avances públicos de la investigación de las nuevas autoridades responsables han sido importantes, como el hallazgo de los restos de otro de los estudiantes desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en un lugar distinto al señalado en la versión fabricada por el gobierno de Peña Nieto. Pero también hay grandes errores, como la fuga de Zerón.

En 2019, el gobierno de AMLO había tenido contacto con Zerón y sabían dónde estaba, según me dijeron fuentes de información directamente involucradas. Aun así, se les escapó. En marzo pasado, la FGR anunció la orden de arresto girada contra Zerón, quien según la propia Fiscalía se encontraba en Canadá. Se informó que la Interpol en México ya había emitido una  "ficha roja” para que la policía internacional ayudara a su ubicación y detención. Y en julio pasado, el propio canciller Marcelo Ebrard anunció el inicio del proceso de extradición ante el gobierno de Canadá.

La batalla por la extradición

En esta colaboración señalé en ese mismo mes de julio no había ningún rastro de Zerón en Canadá de acuerdo a información compartida por un periodista de un importante medio de comunicación de ese país. No había ningún indicio en el Poder Judicial de que había un trámite de extradición. Se alertó en esta columna que incluso era posible que Zerón no se encontrara ahí.

Hace una semana el propio AMLO confirmó en una conferencia que el ex funcionario prófugo ahora estaba en Israel. Una mala noticia para los padres de los 43 quienes al menos pensaban que con la detención de Zerón, pieza clave en el crimen, podía ayudar a encontrar la verdad. De acuerdo a un listado de acuerdos bilaterales del Congreso no existe tratado de extradición entre México e Israel.

Desde hace meses he señalado que en áreas sensibles de la administración actual siguen funcionarios que son muy cercanos al equipo del ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien está bajo proceso judicial en NY por narcotráfico, y el ex jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, su coacusado. Habrá que recordar que Tomás Zerón es parte de ese grupo policiaco desviado.

Precisamente en la Fiscalía General de la República, el jefe de Interpol en México, Jorge Domínguez Martínez Vertíz, es amigo personal de Cárdenas Palomino. Le dice "compadre”. A él le corresponde impulsar los esfuerzos  internacionales para la localización y detención de Zerón. Es decir, es a él a quien se le escapó.  Si en verdad hubiera sido emitida la "ficha roja” con secrecía y eficacia, Zerón no hubiera podido desplazarse a Israel, quien desde 1949 es parte de la red de Interpol. Al intentar salir de Canadá y entrar a Israel hubiera sido detectado de inmediato por una u otra autoridad, ya sea por el pasaporte o por su rostro. Habría sido detenido y se habría notificado al gobierno de AMLO.

Los responsables de la desaparición de los 43 lo saben, sus cómplices lo saben. La detención de Zerón es crucial en el caso, porque solo él puede explicar quien le ordenó o le autorizó alterar, esconder y destruir pruebas, torturar para fabricar culpables, y ocultar la verdad. ¿Para proteger a un pequeño grupo de policías municipales de Iguala y al pequeño grupo criminal Guerreros Unidos? No creo.

El caso sigue atascado

De acuerdo al comentario directo de padres de los normalistas desaparecidos, AMLO ha mostrado toda su voluntad en resolver el caso. Ha dado los recursos humanos y materiales. Se ha logrado por la vía política la entrega voluntaria del ex titular de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta.

Pude saber la noticia inédita que también se acaba de entregar Blanca Luz Castillo Bernal, la responsable del Ministerio Público copartícipe en la fabricación de la "Verdad histórica”, cuyo nombre me fue varias veces mencionado por personas torturadas de que ella estuvo presente en algunas torturas y/o avaló declaraciones ministeriales rendidas bajo tortura. Ella podría también revelar quien le ordenó desviar la investigación y las torturas.

Aun así el caso sigue atascado en puntos nodales. Han pasado seis años, y como entonces, desde el interior de las propias instituciones responsables de encontrar justicia sigue el sabotaje de un grupo para encontrar la verdad. ¿Hasta cuando?

El viernes próximo compartiré en esta colaboración información sensible sobre el caso.