Aplausos en la esfera política y decepción en algunas organizaciones de derechos humanos, como Human Rigths Watch, provocó la decisión belga de renunciar a su papel de pionero en la jurisprudencia internacional. Conservadores y liberales acordaron, en sus negociaciones para formar coalición de gobierno, restringir drásticamente los alcances de una ley de 1993, en virtud de la cual los tribunales de Bélgica podían juzgar crímenes contra la humanidad, independientemente del lugar en que se hubieran cometido.

Las amenazas de Washington

Dicha legislación convirtió a Bruselas en un receptáculo de demandas contra figuras del calibre de George W. Bush y Tony Blair, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos ya sea en Irak o Afganistán, o contra Ariel Sharon, por la masacre perpetrada en 1982 en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila.

Una enmienda efectuada en abril limitó la jurisdicción belga a los casos en que los delitos fueran cometidos en lugares donde no rigiera el estado de derecho. Como esa no es la situación en lo tocante a los personajes citados, las sendas acusaciones fueron remitidas a sus respectivos países. Pero eso no bastó para aplacar las iras de Washington, que no está dispuesto a someterse al nuevo Tribunal Penal Internacional y menos a los dictados de la Justicia de Bélgica. Las presiones fueron en aumento hasta llegar a una amenaza desembozada, que colmó el vaso: en el último encuentro de la OTAN, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, habló de trasladar la sede de la Alianza Atlántica de Bruselas a otra ciudad. Una verdadera catástrofe para la capital belga, donde habitan cerca de 3000 funcionarios civiles y militares de la organización.

Problemas y más problemas

De ahí que algunos reprochen ahora a los belgas haberse doblegado a la presión norteamericana. Pero el asunto es más complejo. De hecho, la ley en cuestión amenazaba con superar las posibilidades del sistema judicial de un país pequeño como Bélgica. Si bien desde el punto de vista moral constituía una encomiable iniciativa en contra de la impunidad, en la práctica las dificultades comenzaron a quedar pronto en evidencia. Por ejemplo, cuando se intentó dictar una orden de arresto contra un ministro congoleño, su gobierno acudió a la Corte Internacional de La Haya, que falló a su favor. La razón esgrimida es que los miembros de gobiernos en ejercicio gozan de inmunidad en el exterior.

Lógicamente, las acusaciones contra Bush o Sharon no tenían posibilidades de prosperar en Bélgica. Pero los problemas políticos que las aspiraciones de jurisdicción universal causaron al país fueron de marca mayor, desde la retirada transitoria del embajador israelí hasta las ya mencionadas amenazas de Rumsfeld. Por si fuera poco, la ley no resultó muy eficaz en la práctica: sólo sirvió para condenar hasta ahora a 4 ruandeses acusados de genocidio. En el futuro, ni siquiera eso será posible. Los tribunales de Bruselas sólo se ocuparán de casos en que haya belgas implicados. Se esfuma así para Bélgica el sueño de aplicar justicia en forma universal. Pero sus esfuerzos abrieron quizá una brecha en la comprensión del derecho. La tarea quedará pues en manos del Tribunal Penal Internacional, que es el único instrumento disponible, pese a sus limitaciones y a la marginación de Estados Unidos.