La policía belga interceptó 1.736 inmigrantes en la frontera de este país con Francia entre octubre y enero en una operación para evitar las llegadas tras el desmantelamiento del campo de refugiados francés conocido como la "jungla" de Calais, informa el diario local "La Dernière Heure".

Según este medio, las cifras se recogen en una repuesta del ministro del interior belga, Jan Jambon, del partido flamenco nacionalista N-VA, al diputado Gautier Calomne, del partido liberal MR.

Las autoridades belgas lanzaron en octubre de 2016 la operación Medusa 2 para prevenir que el cierre del campo de refugiados de Calais provocase el desplazamiento de los inmigrantes que se encontraban allí, en su mayoría a la espera de cruzar el cercano Canal de La Mancha hasta Reino Unido, hacia la región noroccidental de Flandes, limítrofe con Francia.

"Efecto disuasorio"

De acuerdo con el ministro del Interior, el número de llegadas a Bélgica se habría reducido gradualmente desde las 603 que se registraron en octubre, hasta las 343 detectadas a finales de enero.

En su respuesta, Jambon considera que la operación "ha tenido un innegable efecto disuasorio" y destaca "que se ha podido evitar que un flujo de inmigrantes llegue al país" gracias a la colaboración con Francia, entre los propios cuerpos de policía belgas y con las autoridades de Inmigración del país.

Las llegadas se han reducido considerablemente con respecto a la primera fase de esta operación, conocida como Medusa 1 y desarrollada entre febrero y junio del año pasado, cuando las autoridades belgas interceptaron 5.826 inmigrantes solo en la provincia de Flandes Occidental, la más próxima a Francia. De ellos, 4.924 eran personas en tránsito, es decir, sin intención de instalarse en el país.

Controles sistemáticos retirados

Entre febrero y abril del año pasado, Bélgica instauró además controles sistemáticos en la frontera franco-belga tras detectar en enero un aumento de casi nueve veces en el número de llegadas, de 133 en enero de 2015 hasta 950 en el mismo mes de 2016, y ante el temor de que los inmigrantes procedentes de Calais intentasen alcanzar Reino Unido desde el puerto de Zeebrugge.

La decisión provocó tensiones con la Comisión Europea y el Gobierno francés, que cuestionaron la legalidad de la medida, y el Ejecutivo belga acabó retirando los controles sistemáticos (efe).