"Ayer estuve con otras familias buscando. Picando piedras, con varillas. No hay otra forma. No pudo habérselos tragado la tierra”, dijo a DW Enma Mora, que preside "Familias de Acapulco en Busca de Sus Desaparecidos”, una organización de la sociedad civil mexicana. Hace cuatro años, cuando la crearon, la integraban cinco familias. Entretanto son 260.

En 2016, a través de su párroco, su pequeño colectivo comenzó a trabajar con el "Polo para la ciudadanía participativa”, un proyecto financiado por la Unión Europea (UE), que busca el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como actores de cambio y gestores de paz.

"Personalmente, el Polo me ha enseñado a hacer mejor mi trabajo de incidencia con las autoridades locales”, dice Mora. Su hijo fue secuestrado en 2011, cuando tenía 14 años. Después de pagar una parte del rescate, la llamada para decirle dónde iban a entregarlo nunca llegó. Ahora es uno de los 36.000 desaparecidos de México. "Este proyecto le ha dado a mi organización herramientas para el diálogo y la negociación”, agrega Mora.

¿Un proyecto europeo que suple fondos que debería otorgar el Estado?

"En este momento, los recursos que destina el país para la sociedad civil han bajado. Por otro lado, hay territorios abandonados por el Estado o que están en manos del crimen organizado. Y son las comunidades las que intentan construir paz y velar por sus derechos. Por eso nuestro apoyo a las organizaciones de la sociedad civil”, explicaba Marie Augouy, gestora de programas de la UE en México, durante la presentación en Bruselas de los resultados del Polo, en fase de cierre.

La de Enma Mora es una de las 190 organizaciones y los 50 colectivos de Oaxaca, Puebla y Guerrero que, con diferentes propósitos de desarrollo sustentable -gestión de residuos, almacenamiento de agua, derechos laborales, seguridad comunitaria-, se han capacitado, en el marco del Polo.

"El problema de las organizaciones de la sociedad civil en México es que cuentan con gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Pero, en promedio, al cabo de dos años desaparecen por fatiga institucional, por falta de fondos”, cuenta a DW José Carlos León, de Sikanda, agencia italiana de promoción social. Su organización, junto con la fundación italiana AVSI, la asociación mexicana SEPICJ y el Centro Lindavista colaboraron con siete instituciones académicas en el proyecto.

Formar redes y mejorar la gestión 

"Aunque no se puede dar seguimiento a los objetivos de cada una de las organizaciones, el estar en un programa subvencionado por la UE les da visibilidad, les ayuda a crear redes y esto hace que las autoridades locales las escuchen un poco más”, sigue León.

¿Dialogar con unas autoridades que no cumplen con sus tareas, que las comunidades tienen entonces que asumir?  "El diálogo no está divorciado de ser claro y estricto con la responsabilidad del gobierno. Un diálogo estratégico e informado, basado en derechos humanos, puede volverse feroz. Ése es el que propicia este tipo de proyectos que rellenan las grietas del Estado”, responde León. 

"Nadie está exento de ver desaparecer un familiar”

"En este momento, en Acapulco hay más de 3.000 familias a las que les falta algún miembro. No todas denuncian, por miedo”, sigue Enma Mora. No es raro que los restos que encuentran en sus búsquedas no correspondan con ningún registro de ADN, es decir, que nadie los busca. En los Servicios Médicos Forenses hay 27.000 cuerpos sin identidad.

"Tenemos que hacer campañas para que la gente denuncie y tenemos que trabajar en la prevención”, apunta Mora, que ya no solo trabaja en Acapulco sino para todo Guerrero. También se ha incorporado al movimiento nacional.

"Debemos seguir trabajando por que la gente sea consciente de que las desapariciones suceden cada día, que nadie está exento”, sigue Mora. ¿Su objetivo? Nuevos proyectos europeos para aumentar la búsqueda e identificación de desaparecidos en México. "En lo personal, todo lo que quiero es encontrar a mi hijo”, concluye.