El presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, informó este viernes (10.10.2014) que el club de fútbol Barcelona se ha sumado a esa plataforma, formada por más de 3.500 entidades y asociaciones, que defiende el derecho de los catalanes a votar un referéndum sobre su eventual independencia. Barcelona es uno de los dos grandes del fútbol español y su apoyo supone un tremendo aporte para la causa catalana.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Rigol confirmó haber recibido una carta firmada por el presidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu, en la que se manifiesta la voluntad de la entidad de sumarse a esta iniciativa. “El Barcelona expresó hace un año en palabras de su presidente (Sandro Rosell) su inequívoco apoyo al derecho a decidir ante la Asamblea de Compromisarios”, escribió Bartomeu en la carta.

“Pese a la solemnidad de esta declaración, que nos pareció suficientemente clarificadora en referencia a nuestra posición en el proceso que está viviendo el pueblo de Cataluña, os quiero reconfirmar nuestra adhesión al 'Pacte Nacional pel Dret a Decidir'”, añade el mandamás del club deportivo. En la reunión de su junta directiva el pasado lunes, en club no había confirmado su adhesión al Pacto Nacional debido a que se trata “de un tema sensible”.

Socios juntaban firmas

Esa aparente ambigüedad ante un tema que es de absoluto interés en Cataluña hizo que en los últimos días numerosos socios del Barcelona comenzaran a reunir firmas para solicitar al club que diera el paso, pese a que el presidente de la Liga de Fútbol de España, Javier Tebas, había señalado el pasado martes 7 de octubre que si Cataluña se independiza de España, el club dirigido técnicamente por Luis Enrique no podría participar del campeonato español.

El presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, ha agradecido “la implicación del Barça en las inquietudes y aspiraciones de la gran parte de la sociedad catalana” y recuerda que la entidad azulgrana “ha demostrado a lo largo de su historia” dicho compromiso. El Estado español considera ilegal la consulta, pues alega que las regiones no tienen competencias para realizar ese tipo de consultas y que la soberanía reside sobre el conjunto de la ciudadanía española.

DZC (EFE, dpa)