“Hay negligencia del propio Estado chileno, que le dio personalidad jurídica a la organización de un pederasta que venía huyendo de Alemania. Le dieron subvenciones cuantiosas y lo liberaron de impuestos”, señala el abogado Hernán Fernández, representante de las víctimas.

Nació en democracia y luego se fortaleció en dictadura, gracias a sus vínculos con el régimen de Augusto Pinochet. Pero con la vuelta a la democracia, en 1990, Colonia Dignidad siguió funcionando prácticamente igual. Sólo tras la fuga de su líder, Paul Schäfer, en 1997, el enclave comenzó a abrirse y a experimentar cambios significativos.

“La acción del Estado ha sido insuficiente, tardía y con falta de adecuación a la realidad de los hechos. Los jerarcas de Colonia Dignidad constituyeron una de las instituciones delictuales más peligrosas en Chile y cometieron delitos como el abuso infantil masivo y organizado, trabajo forzado, secuestro, desaparición forzada, participación en la represión política de la dictadura, homicidios, tráfico de armas, confección de armas de guerra, delitos económicos y fraude tributario, y, sin embargo, han tenido en trato benevolente y privilegiado”, sostiene el abogado Hernán Fernández.

Por esto, pedirá endurecer los cargos en contra del doctor Hartmut Hopp y los demás ex jerarcas. Actualmente hay 26 personas condenadas, 15 de ellas a pena efectiva (cinco años y un día de prisión). Están con libertad bajo fianza, a la espera de la sentencia definitiva que debe dictar el máximo tribunal del país. Fernández pretende que sean juzgados como coautores, “por haber facilitado los medios, estando de acuerdo, para que se cometieran esos delitos. Además, con ejercicio del poder al interior de la colonia. Este aumento de penalidad podría significar hasta 20 años de cárcel”.

En la Embajada alemana en Chile aseguran que “el Gobierno Federal de Alemania continúa poniendo el máximo empeño en lograr una amplia investigación y persecución penal de los actos criminales cometidos por parte de miembros de la ex Colonia Dignidad”. Pero a juicio de expertos en el tema, la acción de Alemania y de Chile ha sido insuficiente.

“Otras organizaciones que han cometido delitos económicos o narcotráfico han tenido sanciones severas, pero no ocurre lo mismo con Colonia Dignidad –reclama Hernán Fernández-. Ha existido la imagen de que Schäfer era el responsable exclusivo y toda la investigación y el proceso judicial han demostrado que nada lo podría haber hecho sin la colaboración de los otros jerarcas. Se escudaron en Paul Schäfer para esconder su propia responsabilidad y el sistema judicial chileno no fue capaz de traspasar eso”.

“Durante 50 años ha habido ausencia de acción y control y una repetición de hechos de los que el Estado, por acción u omisión, es responsable”, dice el abogado. Aunque parecía que los cambios en Villa Baviera implicaban que los crímenes habían acabado, el año pasado Fernández presentó una nueva querella, en representación de una colona alemana, quien acusa al ex jerarca Rudolf Collen de haberla violado el año 2004.

Secuelas profundas

“El Estado chileno no tiene un problema de recursos, pero se los ha negado a las víctimas”, sentencia Fernández. “El caso de Colonia Dignidad por su gravedad y cronicidad y por la masividad de las violaciones a los Derechos Humanos implica un mayor deber del Estado, que debiera tener un compromiso real y entregar una reparación a las víctimas”, agrega.

El caso de Franz Baar, de 57 años, es muy clarificador. Este chileno cuyo nombre fue cambiado en la Colonia, decidió dejar el lugar el año 2003. Desde entonces subsiste con lo mínimo, apoyándose en la ayuda del abogado Fernández. Sufre un daño renal debido a medicamentos que le inyectaron durante 30 años “para que no pensara en nada más que en trabajar. Fue una forma de sometimiento, castigo y control”, indica Fernández. El apoyo del Estado chileno ha sido escaso. Le otorgó una pensión básica por tres años, por un monto mensual equivalente a unos 290 euros. A su mujer, también ex colona, se la negaron.

En un reciente artículo aparecido en el periódico Süddeutsche Zeitung, Baar y su esposa reconocen sus carencias: para la Colonia son traidores y para los chilenos, extranjeros indigentes. “Hay personas lisiadas física, sicológica y socialmente –señala Hernán Fernández-. Es gente muy dañada, víctimas politraumatizadas, que requieren de un despliegue de fondos y profesionales que los apoyen, orienten y ayuden a reparar las secuelas, y a entender el mundo después de estar 40 años fuera de él”, explica Fernández.

El primer paso lo dio Alemania. “En el año 2008, el Bundestag, por primera vez, ha puesto a disposición del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores financiamiento para llevar a cabo proyectos destinados a facilitar la integración de los antiguos miembros de la Colonia Dignidad, ahora Villa Baviera, a la sociedad chilena”, indican en la Embajada alemana. Esto incluye una terapia con un grupo de especialistas encabezados por el siquiatra chileno-alemán Niels Biedermann, quien ha trabajado con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Indemnización millonaria

Buscando una reparación, el ex colono Winfried Hempel, quien recibió recientemente el título de abogado, contactó a antiguos compañeros de Colonia Dignidad, que viven en Alemania y Chile. En conjunto presentarán una demanda civil en contra del Estado chileno y del Estado alemán por la negligencia de estos países frente a los delitos que se cometieron al interior de la secta durante medio siglo. Según informó el propio Hempel a una revista chilena, pedirán una reparación cercana a los 150 millones de dólares.

Martin Matthusen, descendiente de los primeros colonos, no está de acuerdo con la demanda: “Yo no le tengo mucha fe y tampoco la apoyo, al igual que la gran mayoría. La misma gente que ahora quiere querellarse era parte de Villa Baviera. Los que estábamos aquí nos oponíamos a los gobiernos chilenos y alemanes”.

“Puede que durante ciertas épocas el Estado chileno haya hecho la vista gorda de lo que aquí pasaba y hasta durante el gobierno militar pudieron trabajar juntos, pero si no fuese por la acción de Chile y Alemania todavía estaríamos bajo el régimen de Paul Schäfer”, indica.

En general, los miembros de la segunda generación de alemanes de Villa Baviera, como Matthusen, quienes están a cargo de los negocios, han tenido una mejor suerte que muchos chilenos, algunos adoptados, que fueron víctimas de abusos. Algunos siguen en la Colonia, otros se fueron a otras ciudades chilenas o a Alemania.

El silencio del gobierno chileno

A pesar de la magnitud de la tragedia, la acción de los distintos gobiernos en Chile ha sido deficiente. Expertos coinciden en que algo se avanzó con la Concertación, coalición de centro izquierda que gobernó durante 20 años, al regreso de la democracia en Chile. Pero el actual gobierno de derecha de Sebastián Piñera, hasta ahora no se pronuncia. Deutsche Welle intentó en numerosas ocasiones conseguir una entrevista con alguna autoridad del Ministerio del Interior de Chile, repartición que teóricamente se preocuparía de este caso, pero los esfuerzos no dieron resultado.

“Esto demuestra que no es un problema para el Estado chileno. Esta es una verdadera tragedia humanitaria y no están preocupados. Y no tienen respuesta porque ignoran el problema”, indica Fernández. "Existen grandes argumentos para exigir una respuesta de las autoridades políticas del país y estoy evaluando hacer presentaciones ante tribunales internacionales. No podemos esperar que las víctimas se sigan dañando o muriendo”, señala.

Autora: Victoria Dannemann

Editora: Emilia Rojas