Este lunes 17 de septiembre, dos años y medio después del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, comienza el proceso en Tegucigalpa, la capital del país. En el banquillo se sentarán ocho acusados. El crimen provocó una gran consternación e indignación a nivel mundial. Como coordinadora principal de la organización indígena COPINH, Cáceres luchó durante años contra la construcción de una central hidroeléctrica en el río Gualcarque, que tendría un devastador impacto en el entorno habitado por indígenas de la comunidad Lenca. Cáceres fue galardonada por su labor en 2015 con el premio Goldman, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la protección medioambiental.

Entre los ocho acusados de asesinato se encuentran extrabajadores de la empresa hondureña DESA, propietaria y encargada de la explotación de la central en el río Gualcarque, así como miembros del ejército hondureño retirados o en activo. Al exgerente de DESA, David Castillo, detenido el pasado mes de marzo, se le juzgará por separado. La organización indígena COPINH, así como familiares de Cáceres consideran culpables a DESA y a los órganos de seguridad estatales.

Este juicio ha venido precedido de numerosos retrasos e irregularidades. Así, en septiembre de 2016, se sustrajo una parte de los expedientes de la investigación. A pesar de varias órdenes judiciales, la fiscalía hondureña ha negado repetidamente a los abogados de la familia Cáceres el acceso a los resultados de la investigación. A principios de agosto de este año, pocos días antes de la instrucción del sumario, la fiscalía permitió a los demandantes acceder a la documentación solicitada. No obstante, resultó que más de dos años después de que acaecieran los hechos, la fiscalía no había valorado aún muchas de las pruebas incautadas como, por ejemplo, computadores y celulares de los sospechosos. Debido a esto, es probable que exista información relevante para el proceso no se va a tener en cuenta en la instrucción del sumario.

“Los demandantes y las victimas se ven privados del derecho a conocer la verdad”, critica Ariel Madrid, uno de los abogados de la familia Cáceres. “Hemos preparado una línea de argumentación muy sólida, pero con las pruebas que han admitido a trámite, va a ser difícil sostenerla.” Otro aspecto que dificulta el desarrollo del juicio, además de las pruebas que aún no se han valorado, es la no admisión por parte del tribunal de varios testigos. Por ejemplo, cuatro miembros de la influyente familia hondureña Atala Zablah, que como propietaria mayoritaria de DESA está muy vinculada a algunos de los acusados.

Debido a la desconfianza en la labor de la fiscalía hondureña, los familiares de Berta Cáceres y la organización indígena COPINH encargaron la investigación de los hechos a un grupo internacional de expertos (GAIPE) poco después de que estos se produjeran. En el informe que publicó en 2017, el grupo deduce que representantes de DESA, así como las fuerzas de seguridad estatales y privadas, participaron en actos delictivos relacionados con el crimen de Cáceres. “La compañía DESA tenía una especie de estructura delictiva que amenazaba a la gente y destruía los lazos sociales de las comunidades”, afirma Miguel Ángel Urbina, miembro de GAIPE. Entre las empresas que financiaron el proyecto de la central se cuenta el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y las entidades financieras Finnfund y FMO. Entretanto, los participantes europeos se han retirado del proyecto.

No obstante, el informe GAIPE ha recibido durísimas críticas del gabinete de abogados Amsterdam & Partners LLP, representante de DESA en el proceso. Uno de los contraperitajes que encargó el gabinete reclama que el informe GAIPE es parcial y solo representa los intereses de la familia de la víctima y los de la asociación indígena COPINH. Ahora bien, ni el informe GAIPE ni el contraperitaje se han admitido como prueba en el juicio.

Lo cierto es que el siguiente hecho bien podría dar rienda suelta a las especulaciones sobre la transparencia de este proceso: durante el juicio abierto al público, no se  permitirá grabar imágines ni audios, a pesar de que la parte demandante lo haya solicitado. “Esto se rechazó con el argumento de que la mera presencia de representantes de la víctima daría carácter público al juicio, pero eso solo ocurre si los medios lo retransmiten", dice Ariel Madrid.

Martin Reischke (PJ/ER)

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