El jefe de Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, puede ser perseguido penalmente. Ésa es la incuestionable consecuencia de un fallo de la Corte Constitucional dado a conocer el miércoles (07.10.2009). Los jueces invalidaron por inconstitucional una ley que daba inmunidad penal durante el ejercicio del cargo a los cuatro más altos mandatarios de Italia, incluyendo al primer ministro. Berlusconi, sospechoso de estar envuelto en varios casos de corrupción, se ve amenazado ahora por la reanudación de los procedimientos judiciales.

Como no podía ser de otra manera, representantes del oficialismo calificaron el fallo de “político”. La oposición desborda complacencia. La mayoría de la cámara de jueces constitucionales consideró que la “Ley Alfano”, llamada así por el apellido del ministro de Justicia Angelino Alfano y aprobada el año pasado por el Parlamento, es inconstitucional en dos puntos.

Por un lado, argumentaron los jueces, la ley no entró en vigor a través de una reforma de la Constitución, como hubiera sido necesario, sino a través de simples mayorías parlamentarias. Además, agregaron, la “Ley Alfano” viola el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Los abogados de Berlusconi habían argumentado que el primer ministro no es un “primus inter pares” (primero entre iguales), sino un “primus super pares” (primero sobre iguales) y que si bien la ley es igual para todos, no lo es su aplicación. Una interpretación que la Corte Constitucional no compartió.

Serias consecuencias políticas

El fallo había sido esperado con particular expectativa, porque puede tener serias consecuencias políticas para Berlusconi. Representantes del oficialismo habían mencionado la posibilidad de realizar nuevas elecciones en caso de que la Corte fallara contra dicha ley. Berlusconi, que continúa gozando de grandes simpatías entre la población, excluyó en una primera reacción esa posibilidad. Ahora tendrá que comparecer en tres procedimientos judiciales.

En Milán, Berlusconi está acusado de haber sobornado al abogado inglés David Mills, que ya fue condenado por corrupción en primera instancia a cuatro años y medio de prisión. Según la Corte que entiende en el caso, Berlusconi sobornó al abogado en 1998 con un monto equivalente a 440.000 euros, para que éste declarara en otro proceso a favor suyo. De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, Berlusconi tendrá que responder a las acusaciones en ese proceso.

Además, contra el primer ministro está pendiente otro procedimiento por fraude impositivo: la sobrefacturación de derechos de emisión de televisión por parte del grupo Mediaset, que le pertenece. Y en Roma, un juez investiga la acusación de que Berlusconi pagó en 2008 a senadores de la oposición para que se pasaran a su coalición.

Segundo intento, segundo fallo en contra

La Fiscalía de Milán y el juez de Roma fueron los que solicitaron la verificación de constitucionalidad de la “Ley Alfano”. Berlusconi había intentado ya en 2004 solucionar sus problemas con la Justicia a través de una ley de inmunidad. Ya entonces la Corte había declarado esa “Ley Schifani” inconstitucional, porque en ella no se preveía una limitación temporal. En la “Ley Alfano” aprobada por ambas cámaras del Parlamento en 2008, la inmunidad estaba limitada a la duración del mandato.

El Gobierno explicó la ley con el argumento de que, debido a los procesos que se le seguían, Berlusconi no podía dedicarle la suficiente atención a su cargo político. Los críticos siempre sostuvieron que con la ley, Berlusconi quería simplemente evadirse de la persecución penal. “Ha quedado demostrado que el jefe de Gobierno es un ciudadano como cualquier otro”, dijo, a todas luces satisfecho, Pierluigi Bersani, del opositor Partido Democrático.

La ley Alfano era única en Europa, donde la inmunidad es, por lo general, sólo para los parlamentarios, aunque limitada al ejercicio de sus funciones: el representante del Poder Ejecutivo (jefe de Gobierno) no goza de ninguna excepción en este sentido. En algunos países, la inmunidad para cualquier tipo de procedimiento se garantiza sólo a los jefes de Estado (Grecia, Portugal, Francia) o a los monarcas, pero nunca para el Gobierno.

dpa/afp/PK

Editora: Emilia Rojas