DW: Uno de los proyectos estrella del Global Gateway, el programa de inversiones de la Unión Europea, es la Integración Eléctrica de América Latina y el Caribe. ¿Cómo se va a integrar a esto el Mercado de la Electricidad Centroamericano?  

Bernardo Arévalo: El sistema de integración eléctrica centroamericano lleva ya mucho tiempo. Pero requiere de inversiones para hacer adaptaciones y expansiones para poder responder a los nuevos retos que hay en Centroamérica. Fue diseñado para las necesidades de la década de los 1980. El Global Gateway provee un mecanismo de financiamiento para proyectos regionales de desarrollo que tengan objetivos de bienestar. Son montos considerables y requieren la coordinación entre distintos países. Global Gateway se convierte en un facilitador de inversiones.

Una de las críticas que se le hacen al Global Gateway es que favorece más a las empresas e intereses europeos y no a las poblaciones y a las empresas locales. ¿Usted qué diría con los proyectos que hay para Guatemala?

Todo depende de la forma como se estructura el marco de cooperación. A mí me ha acompañado a Bruselas el ministro de Energía, porque estamos planificando un proyecto de electrificación rural. Es con el Banco Mundial, pero bien cabría en el Global Gateway. Con el Global Gateway estamos preparando uno de economía circular para la cuenca del río Motagua. Se trata de comunidades unidas por la limpieza de un río que ahora tiene niveles absurdos de contaminación de todo tipo, incluyendo la de plásticos. El proyecto incluye la generación de plantas de tratamiento y procesamiento de los plásticos que se vayan capturando. Los beneficios son varios: limpiar la cuenca y las aguas; se espera que el río recupere la vida. Incluso tiene implicaciones internacionales, porque el Motagua desemboca en el mar Caribe. El provecho para las comunidades es evidente.    

Quedémonos en el Caribe, donde en este momento se está gestando un conflicto internacional. Allí tendrá lugar, en un mes, la cumbre UE-CELAC. ¿Es el mejor momento para encontrarse en Santa Marta?

La UE y la CELAC se encuentran en el marco de una agenda económica que viene desarrollándose desde hace algún tiempo. Es la cuarta cumbre. Sí que sucede en un momento complejo, en donde hay fenómenos de narcotráfico por rutas aéreas y marítimas. Aunque nosotros creemos que hay que ser enérgicos en la lucha contra el narcotráfico, afirmamos que esto debe ser siempre en el marco de las normas del derecho internacional. La cumbre será un buen momento para reflexionar juntos sobre este nuevo contexto.

En este momento conflictivo, ¿cómo está la relación de su país con Washington en plena crisis migratoria?

Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos; establecimos parámetros para acoger a los retornados y definimos nuestra política de "Retorno al hogar". El primero de sus tres componentes es fortalecer la red consular en Estados Unidos. Cuando se sabe que ha habido capturas, los consulados acuden a los centros de detención; han ido también a Alligator Alcatraz, en California, para saber si había ciudadanos guatemaltecos y velar por ellos. El segundo componente es la condición del retorno: que sea en dignidad.

Y el tercero, una estrategia intersectorial que incluye gobierno, organizaciones y sector privado, para facilitar la integración efectiva de personas que lleguen a nuestro país, sea voluntariamente o como efecto de una instrucción judicial por parte de Estados Unidos. Acordamos recibir a todos los guatemaltecos y  a los centroamericanos que vayan de camino de regreso a sus respectivos países. Para los nicaragüenses hay la posibilidad de solicitar asilo. 

Hay un grupo especial de guatemaltecos que están en Estados Unidos que no pueden regresar porque son perseguidos. Estoy hablando de los operadores de justicia, de los jueces….

Son cosas totalmente diferentes. Las personas que están siendo deportadas han estado en los Estados Unidos por razones de tipo laboral. Aparte, tenemos un exilio que ha optado por refugio como resultado de la persecución y la criminalización que parte del Ministerio Público. Hay una élite político-criminal que continúa agazapada en el aparato de justicia y, efectivamente, criminalizan a defensores, periodistas, operadores de justicia.

Quedémonos en Guatemala. Usted habló en el Global Gateway Forum del crecimiento económico de su país, uno de los mayores de América Latina. No obstante, el índice de pobreza es muy alto, ronda el 57 por ciento. Por otro lado, es una democracia, pero el Poder Judicial está cooptado por élites político-criminales. ¿Cómo explica esto?

Hay explicaciones históricas. Tenemos cuatrocientos años de marginación y exclusión. Y en el aparato de justicia,  élites político-criminales llevan décadas en el poder; se apoderaron de las instituciones para poder generar la impunidad que requiere la corrupción como sistema de funcionamiento.

Nosotros fuimos electos con el mandato de rescatar las instituciones de la democracia en Guatemala, de luchar contra la corrupción y poner a las instituciones a dar las respuestas de desarrollo que durante mucho tiempo se negaron: construir escuelas y hospitales, comprar medicinas, ampliar carreteras o dar créditos para la producción. Los fondos del Estado se iban a élites criminales que estaban extendidas a lo largo y ancho del país.

Hemos remozado en un año y medio 18.000 escuelas. El gobierno anterior, en cuatro años, remozó 4.000. Tenemos el mayor programa en la historia de créditos para la vivienda popular, otro de becas para estudiantes; hemos construido 50 puestos de salud, frente a cuatro del gobierno anterior. Estamos construyendo tres hospitales, uno de ellos, especializado en combate al cáncer. Estamos absolutamente conscientes de que somos un país de contrastes. Estamos utilizando los datos macroeconómicos muy positivos para generar estabilidad y atraer inversiones. Pero hemos sido claros: la estabilidad macroeconómica nos sirve de poco si no beneficia al conjunto de la población.

Según expuso usted en la conferencia, esos buenos datos macroeconómicos tienen que ver con el Acuerdo de Asociación (ADA) entre Centroamérica y la UE. No obstante, hay problemas con la región. Se habla de más sanciones para Nicaragua e incluso de activar la cláusula democrática para excluirla del ADA. También hay preocupación expresa por la deriva autoritaria en El Salvador. ¿Cómo se evalúa esto desde Guatemala?

En primer lugar, tenemos muy claro que nuestro papel es rescatar las instituciones democráticas. Mantenemos relaciones con nuestros vecinos en el marco del Sistema de Integración Centroamericano. En ciertos niveles no tenemos relaciones con Nicaragua, pues es una dictadura. Pero a nivel práctico, una serie de mecanismos continúan funcionando.  

Las elecciones del 2023 fueron observadas por la Unión Europea. También cuando usted asumió su mandato, en enero del 2024, la UE estuvo presente. Hoy usted anunció que va otra vez una misión de observación a Guatemala. ¿Es tan importante la veeduría internacional?

Sí, para nosotros tiene mucha importancia. Hemos solicitado a la OEA y a la UE que acompañen a nuestro país en la serie de procesos electorales que van a tener lugar el año entrante. Son elecciones de segundo grado: para la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Fiscal General y el Contralor General. Va a ser un momento crítico para el futuro desarrollo democrático del país. Creemos que la presencia de la OEA y de la UE van a contribuir a que los procesos se den de la manera más transparente posible. 

(cp)