Estos comicios, si se cumplen los vaticinios de las encuestas difundidas en las últimas semanas, no serán la marcha triunfal protagonizada por Morales en las presidenciales de octubre pasado, en las que más del 60 % de los bolivianos le otorgó su confianza para un tercer mandato. Un total de 6.043.162 ciudadanos eligen a nueve gobernadores y 339 alcaldes, además de asambleístas departamentales y concejales municipales. El MAS encabeza, según los sondeos, la intención de voto para las gobernaciones de cinco de las nueve regiones de Bolivia, pero con menos apoyo que en comicios anteriores.

Con esas predicciones, el MAS ganaría en Pando, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, regiones donde podría registrarse un elevado índice de voto en blanco o nulo. Pero las encuestas dan a la oposición la victoria en Santa Cruz, Tarija, Beni y La Paz. El caso más llamativo es el del departamento de La Paz y de su ciudad más poblada y de mayoría aimara, El Alto. La Gobernación de La Paz y la Alcaldía de El Alto están controlados ahora por el MAS, pero los sondeos vaticinan una victoria aplastante de otros partidos.

En El Alto, la candidata a la alcaldía Soledad Chapetón, de Unidad Nacional, encabeza las encuestas con el 46 %, frente al oficialista Edgar Patana (28 %), que busca la reelección. El presidente Morales pidió a sus bases en esa ciudad que salieran a pedir el voto "puerta por puerta", consciente del revés que implicaría perder el poder en esa combativa urbe del altiplano, de pujante economía y célebre por su capacidad para ganarle pulsos a los gobiernos e incluso hacerlos caer con sus bloqueos y revueltas.

Pero aunque el mandatario se ha volcado en la campaña para respaldar a los candidatos del MAS, parece que el "factor Evo" no tendrá esta vez el tirón de comicios anteriores. El gobernante provocó airadas críticas de la oposición cuando, hace unas semanas, amenazó con no realizar inversiones estatales en aquellos lugares donde ganen sus oponentes, una advertencia que ratificó el vicepresidente, Álvaro García Linera. La legislación boliviana considera delito que un servidor público induzca al voto por una determinada formación, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se pronunció sobre este asunto, lo que provocó que la oposición lo acusara una vez más de estar controlado por el Gobierno.

Terrenos difíciles

Las acusaciones de juego sucio hacia el MAS se dispararon después de que el TSE anulara la candidatura en el departamento amazónico de Beni de Unidad Demócrata, partido que aparecía como vencedor en las encuestas y que ha pedido amparo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha formación difundió datos de encuestas propias, lo que está prohibido por la ley electoral. La misión de observación electoral enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado que seguirá con atención el caso de Beni, región en la que el MAS nunca ha ganado unas elecciones.

Otro de los terrenos difíciles para el oficialismo es el próspero departamento oriental de Santa Cruz, que escenifica el abismo entre los comicios presidenciales y los regionales, en los que Morales no aparece en las papeletas. El presidente venció por primera vez en Santa Cruz en las generales de octubre pasado, pero el oficialismo no logra rendir a la Gobernación cruceña, donde el candidato opositor a la reelección, Rubén Costas, lidera los sondeos con un 56 %. Algo similar sucede en la ciudad de La Paz, otra de las "espinas" del MAS. La candidatura presidencial de Morales ganó en octubre en La Paz, pero la Alcaldía se ha mantenido siempre como un feudo opositor. La situación no tiene visos de cambiar, pues Luis Revilla, que opta a la reelección, parte como favorito con un apoyo del 48 %, trece puntos por delante del oficialista Guillermo Mendoza.

Entre los factores que explican el posible retroceso del MAS figura el escándalo millonario del Fondo Indígena, que ha salpicado a varias figuras del oficialismo, entre ellos a la candidata a la Gobernación de La Paz, la aimara Felipa Huanca. Una reciente investigación reveló un fraude de más de 10 millones de dólares en este organismo, un órgano que adjudica fondos para iniciativas de desarrollo en comunidades indígenas, muchos de los cuales han resultado ser proyectos fantasma.

RML (efe, medios)