Un fallecido en choques callejeros entre civiles opositores y oficialistas este sábado (22.10.2022) marcó el inicio de una huelga en la región de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, para exigir un censo de población nuevo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe.

Detractores y seguidores del Gobierno de Luis Arce, armados con piedras, palos y explosivos, protagonizaron enfrentamientos desde la madrugada del sábado en Puerto Quijarro, ciudad fronteriza con Brasil de unos 20.000 habitantes, según imágenes difundidas en redes sociales. Fruto de los incidentes, Pablo Taborga fue ingresado en un hospital de la ciudad, donde falleció.

"Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro", dijo el izquierdista presidente del país, quien instó a investigar los hechos y "sancionar a los responsables".

¿Qué causó esto?

Un comité de Santa Cruz en el que participan representantes sociales y empresariales convocó hace dos semanas una serie de protestas para exigir al gobierno que realice un censo de población el próximo año ya que consideran que están subrepresentados legislativamente y que reciben menos fondos del Gobierno central de lo que le corresponde. 

La representación en el Congreso y la partida presupuestal del estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población, por eso Santa Cruz -el más poblado del país- quiere actualizar el censo. El último se hizo hace más de diez años.

Tras los incidentes, las oficinas en La Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) emitieron comunicados para lamentar lo ocurrido. La ONU-Bolivia "lamenta la pérdida de una vida humana y exhorta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de confrontación y violencia", mientras la UE deploró "la pérdida de una vida" y pidió "encontrar escenarios de reencuentro entre bolivianos".

Paralelamente al inicio de las protestas, el Gobierno de Arce abrió el sábado una mesa de diálogo con representantes del comité que convocó la huelga, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en busca de superar las diferencias. Mientras Santa Cruz reclama el censo para 2023, el Gobierno afirma que no hay condiciones técnicas para realizarlo antes de 2024.

ama (afp, efe, reuters)