Detonaciones de petardos y dinamita acompañaron las protestas de miles de mineros cooperativistas en Bolivia, que han bloqueado el transporte público en la ciudad de La Paz para exigir que el gobierno les adjudique nuevas áreas de explotación de oro, entre otras peticiones. La Policía ha detenido, hasta el momento, a siete personas.

En el norte del departamento de La Paz se ha intensificado la minería de oro, tanto a nivel artesanal, es decir a pequeña escala, como con maquinaria grande, explica Jan Souverein, representante en Bolivia de la Fundación Friedrich Ebert (FES) cercana al partido socialdemócrata alemán.

La riqueza sale del país

Según Souverein, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Fecoman), que protagoniza las actuales protestas, tiene tres demandas principales: pide un proyecto de ley con un reducido impuesto único del 4,8 por ciento para la comercialización del oro, la aprobación de todas las concesiones que se están tramitando y el reconocimiento de la personería jurídica de su federación.

En 2022, las exportaciones de oro en bruto alcanzaron poco más de 3.000 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, el representante de la Fundación Friedrich Ebert subraya que, pese a que el oro sea uno de los principales productos de exportación de Bolivia, el sector aurífero es uno de los que menos aportan en impuestos.

"El cálculo político es difícil"

"Para el gobierno del presidente Luis Arce el cálculo político es difícil", dice Jan Souverein a DW, y hace hincapié en la pelea interna entre Arce y el expresidente Evo Morales, puesto que ambos buscan ser candidatos del partido Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones presidenciales de 2025.

Encuestas actuales muestran que la mayoría de la población y muchos votantes del MAS desaprueban las peticiones de los mineros cooperativistas, señala Souverein: "Si el gobierno acepta las demandas, generará el rechazo de amplias partes de la población, incluyendo sus propias bases en las clases bajas. Si rechaza las demandas, el sector de los mineros auríferos podría aliarse con Evo Morales, con mucha capacidad para asediar al gobierno".

Empresas chinas y colombianas en Bolivia

En opinión de Héctor Córdova, especialista en minería e investigador de la Fundación Jubileo, ningún punto del pliego petitorio de los mineros "amerita ni justifica una acción de fuerza tan grande".

En entrevista con DW, el profesor de la Universidad Católica Boliviana señala que los cooperativistas están pidiendo más áreas de explotación en reservas de gran biodiversidad, donde no está permitido realizar ninguna actividad extractivista, por ejemplo, en el Parque Natural de Madidi, una reserva de casi 19.000 kilómetros cuadrados en el noroeste de Bolivia. Los mineros, por su parte, argumentan que tenían los derechos para operar en esas zonas antes de que el Estado las declarara áreas protegidas.

Asimismo, Córdova indica que sobre todo empresas extranjeras chinas y colombianas se han asociado con las organizaciones cooperativas bolivianas para aprovechar los beneficios que éstas reciben del Estado: "Venden en nombre de las cooperativas, no pagan impuestos, no tienen licencia ambiental. Su beneficio es gigantesco".

El especialista en minería explica que las cooperativas no pagan impuestos por considerarse organizaciones sin fines de lucro, pero insiste en que funcionan como empresas por lo que deberían pagar el 37,5 por ciento de impuesto sobre utilidades. Sin embargo, los mineros auríferos han negociado con el gobierno un reducido impuesto del 4,8 por ciento.

¿Y el compromiso con la Pachamama?

Para Jan Souverein, "la protección del medioambiente no juega un gran rol en el cálculo del gobierno". "El compromiso con la Pachamama es principalmente una narrativa que tiene muy buena acogida a nivel internacional, pero que no se refleja en políticas gubernamentales", sentencia.

Oscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), lo secunda y agrega que las acciones del gobierno boliviano "van totalmente en contraposición con el discurso de respeto a la naturaleza". Explica que "la mayor parte de la minería del oro es aluvial, usa mercurio, no cumple la normativa ambiental y, por ende, tiene severos impactos ambientales y sociales".

El experto cuenta a DW que, desde 2015, Bolivia es el principal importador global de mercurio, con un promedio de 160 toneladas anuales. Apenas en julio de 2023, como consecuencia de la presión de la sociedad civil, el gobierno emitió una norma para registrar a los importadores de mercurio más no para restringir las importaciones.

Por su parte, Héctor Córdova agrega que más del 85 por ciento de las 2.500 cooperativas operan sin la licencia ambiental que otorga el Estado. "Parecería que se están abriendo espacios para que se haga más minería, pero hacer más minería en la Amazonía sería provocar daños impensables", dice, y agrega que los ríos y peces están contaminados.

"Si se autorizaran más operaciones en áreas protegidas", prosigue, "el daño sería muy grave, porque ahora están destruyendo la selva con minería a cielo abierto, con maquinaria pesada, en sitios protegidos por gente armada".

(ers)