Los gremios de periodistas y diarios de Bolivia rechazaron este lunes (26.04.2021) la decisión de una jueza que conmina a una decena de medios de comunicación que investigaron un caso de un polémico abogado sentenciado por tortura y secuestro.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la de La Paz (APLP), además de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales medios impresos del país, difundieron sendos comunicados para rechazar el proceso iniciado por el abogado Jhasmani Torrico, sentenciado a seis años por tortura y secuestro.

La ANPB y la APLP consideraron "fuera de norma" la conminatoria de la jueza Sofía Camacho para que trece medios proporcionen los nombres de sus periodistas que siguieron e informaron sobre el caso del abogado. Estas asociaciones lamentaron que Camacho "ignore que está en vigor la Ley de Imprenta, que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión", además de las normas nacionales e internacionales que garantizan el trabajo de la prensa.

"La aplicación de sanciones penales a los periodistas, además de ser desproporcionada, lesiona la libertad de expresión, porque podría inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática que necesita una prensa libre e independiente", advirtieron los gremios que también consideraron que Torrico, "fiel a la conducta ilícita por la cual fue sentenciado", busca "intimidar" y "silenciar" con su proceso a la prensa, vulnerando la Constitución boliviana, la Ley de Imprenta y el Pacto de San José.

Los gremios advirtieron de que "no permitirán" que Torrico ni Camacho "vulneren el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y de las personas, en su intento de establecer este funesto precedente". La ANP se pronunció en la misma línea en un comunicado en el que informó que tres de los diarios conminados por la jueza respondieron mediante un memorial rechazando tal exigencia.

Los diarios explicaron que si atienden a la solicitud de Camacho, "se vulnerarían derechos de terceros", ya que cuando se pretende investigar alguien que ejerce el periodismo "con motivo de su labor", se pierde la libertad de expresión y la posibilidad de "ser informado y de conocer, de comunicar y de tomar decisiones libres, autónomas e informadas". Asimismo, expresaron el rechazo a la exigencia de revelar datos consignados en los registros y "que tengan estricta relación con la fuente de información", además de recordar las normas vigentes que amparan la labor de la prensa. Con el listado solicitado, Torrico pretendía iniciar procesos penales a periodistas acusándoles de difamación y calumnia, según información de los medios locales.

¿Quién es Jhasmani Torrico?

El abogado fue investigado por tortura y secuestro después de hacerse virales unos videos en los que aparecía lanzando golpes y patadas, y amenazando a gritos a dos hombres para exigirles que paguen una deuda. En uno de los videos, Torrico golpeaba y gritaba a un hombre de oficio mecánico para presionarle y que firmara un documento, un caso por el que fue sentenciado en febrero a seis años de cárcel. No obstante, en una audiencia de apelación efectuada el 24 de abril, una jueza definió darle detención domiciliaria, arraigo y el pago de una fianza.

Instituciones como la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el Ministerio de Justicia señalaron que los tribunales ordinarios no tienen jurisdicción para procesar periodistas y que los ampara la Ley de Imprenta. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia recordó que "toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión".

ama (efe, opinión, página 7, el día, rtp, unitas)