Hasta hace poco, estas mujeres aimaras trabajaban como cocineras en los campamentos para escaladores. Hoy día, son guías de montaña y llevan a los turistas a las cimas más altas de los Andes bolivianos. Uno de los destinos preferidos es el “Huayna Potosí” o “Montaña joven”, de 6.088 metros de altura. Este gigante se encuentra a 25 kilómetros de La Paz.

Berta Vedia (izquierda), Dora Magueno (centro) y Lidia Huayllas (derecha) ya no querían seguir siendo cocineras y cargadoras y permanecer en segundo plano. Fue así como las tres decidieron juntarse y fundar un grupo de escaladoras para hacerle la competencia a sus colegas masculinos.

En la estación de montaña, las indígenas cambian el sombrero por un casco y bajo sus tradicionales faldas -polleras -se ponen los crampones -piezas de metal con púas que se fijan a las botas para escalar. Una pollera consta de hasta ocho metros de tela y puede llegar a tener hasta diez capas. El traje típico aimara incluye también una manta y un sombrero de fieltro.

Durante mucho tiempo la falda tradicional de las “cholas” era mal vista. Actualmente la vestimenta tradicional es un símbolo de la creciente autoestima de los pueblos indígenas de Bolivia.

En el pasado, la pollera era considerada una prenda de vestir para la población indígena pobre. Hoy día, el traje típico se usa en el carnaval, en procesiones religiosas y fiestas populares. Incluso se ha convertido en un negocio lucrativo. Un atuendo completo cuesta alrededor de 274 euros, una manta de lana de vicuña puede llegar a costar hasta 900 euros.

En Bolivia, las mujeres aimaras sufren doble discriminación, tanto de género como étnica. Si bien la autoestima de los grupos autóctonos ha crecido notablemente desde que el presidente aimara, Evo Morales, gobierna el país, las escaladoras siguen luchando contra la cultura machista en sus propias filas.

Las escaladoras Lidia Huayllas (izquierda), de 48 años, y Dora Magueno, de 50 años, presentan orgullosas su equipo: picahielos, crampones, cuerda, cinturón y casco. Desde hace dos años, las mujeres trabajan como guías de montaña y ayudan a los turistas a superar pendientes y abismos.

En la madrugada, las mujeres aimaras se peinan su larga cabellera negra y se hacen trenzas. Después empiezan a escalar las montañas, por ejemplo el "Illimani", de 6.430 metros de altura sobre el nivel del mar. La segunda montaña más alta de Bolivia es un lugar sagrado para los aimaras.

Una cargadora se prepara para escalar el "Illimani". Gracias a este trabajo, las mujeres aimaras se han vuelto más independientes en el plano económico. Como cargadoras que acompañan a los turistas ganan alrededor de 35 dólares estadounidenses por día. En comparación, el ingreso salarial de un ama de casa ronda los 175 dólares por mes.

Las hazañas de las mujeres indígenas han impulsado cambios en la sociedad boliviana. “Las cholas comercian y han alcanzado la independencia económica antes que las mujeres de la clase alta blanca”, dice Justa Elena Canaviri, una famosa presentadora de televisión aimara de Bolivia.

Los conflictos territoriales no han desaparecido del mapa latinoamericano en el siglo XXI. La mayoría se extiende ya por décadas e incluso hay algunos que tienen sus orígenes en la época colonial. En buena parte de los casos se ha recurrido a la Corte Internacional de La Haya para zanjar controversias. Aquí les ofrecemos una panorámica de los principales litigios que aún generan tensiones.

Perú reclama ante la CIJ un área marítima de cerca de 38.000 km² cuadrados, hasta ahora bajo la soberanía de Chile. Según Lima, el límite marítimo debía corresponder a una línea equidistante de las costas, trazada desde el último hito de la frontera terrestre, y no al paralelo que cruza ese punto. Santiago daba por zanjado el asunto con la Declaración de Santiago, de 1952, y en el Acuerdo de 1954.

En abril de 2013, la CIJ acogió una demanda de La Paz, que solicita dictaminar la obligación de Santiago de negociar una salida al mar para Bolivia. Chile sostiene no tener asuntos limítrofes pendientes con Bolivia y se remite al tratado de 1904, que definió sus fronteras. Chile se ha reservado el derecho de impugnar la competencia de la corte de La Haya para conocer la causa.

En 2012, tras un litigio de 11 años, la CIJ adjudicó a Nicaragua casi 100.000 km² en una zona del Mar Caribe, vecina al archipiélago de San Andrés. La corte decidió que las islas y los cayos seguirán bajo jurisdicción de Colombia, pero trazó un nuevo límite marítimo. Bogotá se resiste a aplicar el fallo hasta llegar a un acuerdo con Nicaragua para garantizar la subsistencia de los pescadores.

Costa Rica acusó a Nicaragua en La Haya de haber realizado una incursión militar en su territorio y denunció los efectos medioambientales del drenaje del río San Juan. Managua, por su parte, demandó a Costa Rica por la construcción de una carretera paralela a dicho río, lo que considera una violación de su soberanía en esa zona fronteriza. La CIJ decidió tramitar ambas demandas conjuntamente.

Guatemala reclama territorios de Belice desde el tiempo en que ese país era colonia británica. Y eso no cambió tras su independencia, en 1981. Ambos acordaron realizar referendos el 6 de octubre de 2013 sobre si llevar la disputa a la CIJ. Sin embargo, Guatemala quiere postergar la consulta, alegando que Belice cambió sus reglas al decidir que solo será válida con un 60% de participación.

Venezuela reclama desde hace más de un siglo la región de Esequiba, rica en recursos minerales y bosques, en la zona fronteriza de Guyana. El litigio se remonta a la época de la colonia británica y se ha mantenido tras la independencia de Guyana en 1966. Ambos países vienen intentando desde hace años lograr un acuerdo para zanjar el problema con los buenos oficios de la ONU.

La zona del Golfo de Fonseca y la frontera en el Mar Caribe han sido por años foco de disputa entre Honduras y Nicaragua. La CIJ se pronunció al respecto en 1992 y 2007, pero las fricciones no desaparecieron. En mayo de este año, Nicaragua, Honduras y El Salvador acordaron crear una comisión trinacional para reducir conflictos y diseñar un proyecto de desarrollo integral en el Golfo de Fonseca.