Boric indulta a 13 condenados por delitos en protesta social
30 de diciembre de 2022
El presidente chileno, Gabriel Boric, indultó este 30 de diciembre a trece personas condenadas tras el estallido social de 2019 y al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna Rojas.
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La Presidencia chilena precisó que son 13 y no once, como se difundió antes, los presos indultados hoy por el presidente Gabriel Boric, quien hizo uso de una prerrogativa presidencial utilizada habitualmente en Navidad para cumplir con una de las promesas que realizó durante la campaña electoral. En un mensaje a los corresponsales en Chile, la Presidencia explicó que "el listado de nómina entregado por el Ministerio de Justicia no incluyó, por error, a dos personas que fueron indultadas".
El anuncio provocó críticas de la oposición y varios diputados de la derecha suspendieron de manera indefinida su participación en la mesa transversal de seguridad liderada por la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá.
La decisión se da en momentos en que desde "Chile Vamos" emplazaban al Gobierno por no aplicar la medida amenazando con retirarse de la mesa de Seguridad que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El presidente Gabriel Boric ordenó el indulto de trece personas detenidas en el marco del estallido social, tal como había comprometido durante su campaña a la Presidencia de la República.
A diez manifestantes se suma un ex guerrillero
Se trata de Bastián Olguín Rivera (31 años), Jordano Santander Riquelme (38 años), Felipe Santana Torres (22 años), Cristián Cayupán Queupil (30 años), Francisco Hernández Riquelme (23 años), Bastián Campos Gaete (22 años), Luis Castillo Opazo (37 años), Sebastián Montenegro Coo (25 años), Claudio Romero Domínguez (21 años) y Brandon Rojas Cornejo (22 años).
A ellos se sumó el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Jorge Mateluna, condenado a 16 años de presidio por su presunta participación en el asalto a una sede del Banco Santander ocurrida el año 2013.
jov (afp, DiarioUChile)
Chile: la semana en que se desató la furia (octubre de 2019)
Las protestas por el alza del pasaje del Metro se convirtió rápidamente en una expresión de descontento popular que no ha logrado ser controlada, ni siquiera por intermedio de la presencia de militares.
Imagen: picture-alliance/AP Images/E. Felix
Todo partió con la evasión
Las manifestaciones contra el alza en el precio del boleto del Metro comenzaron el 14 de octubre y fueron convocadas por secundarios, que se coordinaron a través de las redes sociales. Cuando los entrevistaban, decían hacerlo por sus padres, que ya gastan mucho dinero en transporte. El llamado era a evadir el pago saltando las barreras en las estaciones del ferrocarril urbano de Santiago.
Imagen: Reuters/C. Vera
Vandalismo y enfrentamientos
La manifestación, originalmente pacífica, fue reprimida por la policía militarizada chilena, lo que generó malestar entre los jóvenes. La consigna "basta de abusos", sin embargo, comenzó a permear otras capas sociales en un país donde la desigualdad no ha podido ser eficientemente combatida en los últimos años. Comenzaron, así, los primeros enfrentamientos con la policía.
Imagen: Reuters/I. Alvarado
El caos se extiende
Las protestas se extendieron rápidamente por todo Santiago, y al comienzo tímidamente en otras regiones del país. También empezaron los saqueos a supermercados y la destrucción de bienes públicos y privados. Al mismo tiempo, la ciudadanía siguió expresando su malestar por el alto costo de la vida, bajos salarios, pensiones miserables y otros problemas a través de ensordecedores cacerolazos.
Imagen: Getty Images/AFP/C. Reyes
La destrucción del Metro
Quizás las escenas más desoladoras para los santiaguinos, siempre orgullosos de su Metro, fueron las que mostraban la destrucción de casi un centenar de estaciones del tren urbano, las que fueron incendiadas y vandalizadas por hordas. Algunos ataques parecieron coordinados. A estas alturas, las fuerzas de seguridad se vieron superadas por la acción de inadaptados.
Imagen: AFP/J. Torrest
Militares a la calle
El viernes 18 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de excepción y ordenó que las Fuerzas Armadas salieran a las calles para ayudar a restaurar el orden. Pronto los militares, ya a cargo de la seguridad, decretaron toque de queda en la capital y otras ciudades, pues las protestas, pero también los saqueos, se habían extendido a todo el país.
Imagen: picture-alliance/AP Images/AP Photo/E. Felix
Toque de queda y problemas
El toque de queda, una medida constitucional que no se utilizaba desde la dictadura de Augusto Pinochet, generó una serie de dificultades. El aeropuerto de Santiago se vio totalmente colapsado debido a que se suspendieron vuelos porque las tripulaciones no pudieron llegar a trabajar y muchos turistas quedaron varados en el terminal aéreo, sin recibir información ni tener acceso a alimentación.
Imagen: Imago-Images/Aton Chile/D. Yankovic
Medida ineficaz
A pesar del toque de queda y de la cada vez más dura represión, las protestas siguieron su curso, incluso una vez que imperaba la prohibición de salir de los hogares. Las fuerzas de seguridad seguían viendo con impotencia los saqueos, incendios de centros comerciales y siendo muchas veces desbordados por las masivas manifestaciones pacíficas, en las que -de todas formas- actuaban con dureza.
Imagen: imago images/Aton Chile/J. Torres
Numerosas denuncias de abusos
Los desmanes y la represión han dejando una veintena de muertos, casi 200 heridos a bala, más de 5.000 detenidos y daños, solo en el Metro, que superan los 300 millones de dólares. El Instituto de Derechos Humanos denunció que al menos cinco de las muertes fueron obra de la acción desmedida de las fuerzas de seguridad, y en un caso un militar fue detenido por haber disparado contra un ciudadano.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Bernetti
Un paquete de medidas
El martes 22 de octubre en la noche, el presidente Piñera presentó un paquete de medidas con las que pretende calmar la furia ciudadana. Entre ellas está un aumento de la pensión básica y del salario mínimo, la reducción del sueldo de los parlamentarios y la creación de un seguro de salud para enfermedades catastróficas. El paquete surgió tras una reunión con partidos de gobierno y oposición.