"Esas historias que me contaron me partieron el alma". Salvatore Mancuso, excomandante de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dijo esto refiriéndose a uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, en su videocomparecencia en un acto en memoria de las víctimas de desaparición forzada en Juan Frío, un caserío de la frontera colombo-venezolana,

Esta localidad, ubicada en el departamento de Norte de Santander, fue testigo de uno de los episodios más brutales de la guerra en Colombia. Aquí, centenares de cadáveres de víctimas de paramilitares fueron calcinados en hornos crematorios, en un intento de hacer desaparecer cualquier evidencia de su muerte y, en última instancia, también de su existencia.

Estos hechos acontecieron sobre todo entre de 1994 a 2004, la década del recrudecimiento de los combates entre paramilitares, Ejército y grupos guerrilleros. Se calcula que los paramilitares del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las AUC, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano”, incineraron en los hornos a más de 500 personas. Pero precisamente porque se trataba de un método para borrar todo rastro criminal, hasta el día de hoy es imposible establecer una cifra exacta.

Trapiches paneleros convertidos en hornos crematorios

Se conoce la existencia de varios hornos. Aparte del horno "Trapiche Viejo" en Juan Frío, el periodista Javier Osuna ha logrado identificar en sus investigaciones un segundo horno en la finca Pacolandia, también ubicada en la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander.

Históricamente, en la región se cultivaba, entre otros productos, la caña de azúcar. Los que fueron entonces trapiches para procesar la caña para convertirla en panela, se convirtieron durante este episodio del conflicto armado en hornos crematorios. Los cadáveres que eran incinerados allá provenían en gran parte del municipio de Villa del Rosario, pero a medida que la práctica se hacía exitosa para invisibilizar el número de muertos y desaparecidos en el departamento, diferentes sectores del Frente de Fronteras y Bloque Catatumbo transportaban los cuerpos de sus víctimas a allá para que fueran incinerados.

Eliminar cuerpos, borrar memoria

Según cuenta Saúl Franco, médico y comisionado de la Verdad, el gran número de víctimas que hubo durante esta época, por parte del paramilitarismo, también en complicidad con la fuerza pública, suscitó una gran preocupación en los organismos de seguridad del Estado. "Por la cantidad de cadáveres que había por todas partes, los dirigentes políticos comunicaron que era necesario eliminar estos cuerpos, no solo por una cuestión de imagen, sino porque implicaba evidenciar la intensidad de la guerra", afirma Saúl Franco en entrevista con DW.

Las organizaciones paramilitares encontraron entonces, como una de sus estrategias, la incineración. "Se buscaba disminuir el impacto, digamos, social y mediático de tantos cadáveres dispersos y borrarlos definitivamente. Y esto es una cuestión supremamente grave, porque no solamente se trataba de eliminar al otro, sino también borrarlos prácticamente de la memoria, de la realidad, del mundo”, dice el experto.

La enrevesada justicia

Algunos de los responsables han reconocido responsabilidades y han pedido perdón en diferentes actos de recuperación de la memoria histórica y la verdad, en conversaciones entre víctimas y perpetradores. Tanto Salvatore Mancuso como Jorge Iván Laverde, "El Iguano”, han hablado abiertamente sobre su implicación en los crímenes. Laverde fue procesado a través de la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico para los miembros de grupos armados al margen de la ley, y cumplió su condena de ocho años. Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, se encuentra recluido en una prisión estadounidense y actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ser acogido en esta y recibir los beneficios esta justicia transicional.

Aunque testimonios como los de los jefes paramilitares tienen un gran valor para la sociedad, la justicia y el esclarecimiento, en muchos casos han reinado el silencio y la impunidad, comenta Iván Cepeda, senador de la República en representación del Polo Democrático Alternativo. Los grupos paramilitares "no actuaron solos, sino como parte de una estrategia conjunta muy armonizada y articulada con el Ejército", dice a DW el político y defensor de derechos humanos. "La Fuerza Pública no solamente estaba al tanto de que ocurrían estos hechos, sino que también buscaba encubrirlos. Y de alguna manera eran cómplices de esa acción."

Complicidad e impunidad

Luchar contra esta impunidad, reconocer la relación directa de complicidad entre paramilitares y el Estado es, para el periodista Javier Osuna, un primer paso para elaborar un proceso digno para reparar a las víctimas. Aparte de eso, habría que "ofrecer garantías reales que permitan construir memoria y verdad", dice Osuna, que ha documentado los casos de los hornos crematorios en dos libros. El periodista cuenta que también es la actual presencia de actores armados en la zona la que impide continuar estos procesos de reconstrucción de paz y convertir estos lugares en lo que deberían de ser a día de hoy: espacios de memoria.

Es probable que las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP arrojen nueva luz sobre este capítulo oscuro de la historia colombiana porque, pese a todos los esfuerzos previos, según el comisionado Saúl Franco "hay verdades que todavía no se pueden saber".

(ers)