El Gobierno brasileño presentó este martes (15.10.2024) un proyecto de ley que propone endurecer las penas contra los delitos asociados a la destrucción del medioambiente, en respuesta a los incendios, muchos de ellos provocados, desatados en buena parte del país durante este año.

El proyecto fue remitido a las cámaras legislativas, que desde hace más de seis años buscan sin éxito un consenso sobre el asunto, aunque el debate ha tomado una proporción mayor este año, por la intensidad de los incendios que han afectado a todos los ecosistemas del país, con una especial gravedad en la región amazónica.

"De ahora en adelante, no jugaremos con los delitos medioambientales, las personas tendrán que ser castigadas severamente", dijo el presidente Lula Inácio Lula da Silva  l firmar el proyecto de ley en el palacio de gobierno, acompañado de varios ministros.

Una sequía histórica relacionada según expertos al cambio climático ha favorecido los incendios en Brasil.

Pero las autoridades identificaron que en muchos casos son causados por la acción humana. Los objetivos suelen ser limpiar los pastos para pastoreo o agricultura, una práctica prohibida en medio de la crisis actual; o  quemar bosques públicos y apropiarse de las tierras transformándolas en pastos. 

Doblan penas por provocar incendios

La propuesta del Gobierno aumenta de tres a seis años la pena de reclusión para aquellas personas que hayan provocado incendios en selvas o pastizales, así como endurece las sanciones pecuniarias que se aplican por esos delitos.

También considera como agravantes, con un consecuente aumento de las penas, que las llamas sean desatadas en zonas protegidas y que, por sus dimensiones, pongan en riesgo la vida y las propiedades de otras personas o tengan impacto en la salud pública.

Asimismo, se establecen penas más severas para casos de minería ilegal y se castigarán más duramente delitos de tráfico de fauna silvestre, contaminación de recursos naturales o mortandad provocada de fauna acuática, entre otros.

El proyecto debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.

jc (afp, efe)